Entre 1995 y 2015, en Valledupar se han desarrollado cuatro proyectos para reubicar a los invasores de la margen derecha del río Guatapurí. El primer censo realizado para la mudanza determinó que había una necesidad de construir 1.700 unidades de vivienda para liberar esa zona invadida.
A casi 24 años del primer proyecto de reubicación en Mareigua, se han construido alrededor de 2.261 unidades de vivienda, unas 561 casas más de las que se necesitaban en un principio, sin embargo en la margen derecha aún permanecen más de 1.300 familias divididas en nueve barrios.
Luego de 38.85 hectáreas ocupadas en la construcción de viviendas para el reasentamiento, las autoridades fracasaron en los cuatro proyectos dentro del objetivo de recuperar la margen derecha del río Guatapurí.
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SEPARACIÓN DE INGRESOS
Estas cifras son el resultado de la investigación realizada por el arquitecto José Neguit. En el análisis a los reasentamientos en Valledupar desde 1995 hasta el 2015 el profesional encontró varios puntos que determinaron el fracaso de esas políticas.
El primer error, concluye, es el desplazamiento de las personas hacia la periferia de la ciudad. Las cuatro urbanizaciones, desde Mareigua, El Edén, Populandia y Lorenzo Morales, fueron construidas en la periferia de la ciudad: desprendieron a las personas de su principal fuente de ingresos.
“Su trabajo es la informalidad en el centro de la ciudad. El que está más lejos de su puesto de trabajo se demora diez minutos, igual al colegio. Si te llevas a esas personas para Lorenzo Morales, a siete kilómetros de todo, empiezas a afectarles en su transporte. Los trasladan lejos, pero no tienen garantizado el transporte, aún si tuvieran el transporte, cómo sacan $10.000 diarios para transportarse”, explicó el arquitecto.
Según una caracterización socioeconómica realizada por la Cámara de Comercio de Valledupar en el 2016, en la margen derecha del río Guatapurí el 68 % de la población percibe sus ingresos gracias al trabajo independiente o informal, esto es venta ambulante de tintos, aguacates, artesanías, reciclaje o albañilería. Incluso, el 63 % de las personas aseguran que lo que más le gusta del sector es la cercanía al centro de la ciudad, según la investigación del arquitecto José Neguit.
Opinión similar a la del exjefe de Planeación Aníbal Quiroz. “La razón fundamental (del fracaso) es que las reubicaciones fueron proyectadas a territorios de la periferia de la ciudad y la mayoría de esas familias que viven en la informalidad tienen sus ingresos en el centro de la ciudad. Esto te lo digo porque lo determinó el 60 % de las encuestas que hicimos desde la Oficina de Planeación”, estimó Quiroz.
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Pero no es el único factor. En la margen derecha aún permanecen familias de personas que fueron reubicadas hasta dos veces. En palabras técnicas, el fenómeno de rotación: personas que son beneficiadas de casas de interés social y heredan a familiares los lotes de la margen derecha.
CUESTIÓN DE ESPACIO
A los anteriores se suma el componente del tipo o la unidad característica de las viviendas. Magalys Navarro es habitante de la margen derecha y propietaria de ‘Billares Stiven’. En una sala de más de 10 metros cuadrados tiene dos mesas de billares. Las viviendas de interés social, por ejemplo, de Lorenzo Morales no cuentan con la capacidad para albergar este tipo de negocios o un taller de motos e incluso una tienda. De allí que muchas personas prefieran permanecer en las casas de la margen derecha.
No solo es el espacio para los negocios. La mayoría de las viviendas de interés social son iguales: una terraza, un cuarto y una cocina. En promedio, entre 42 y 52 metros cuadrados cada vivienda. La unificación de las casas, explica el arquitecto José Neguit, no diferencia de las familias donde habitan 10 personas a las viviendas donde solo convive una pareja.
En la margen derecha, en el 24 % de las viviendas residen seis personas, en 39 % viven hasta seis y en 8 % de esas viviendas alcanzan a habitar en hacinamiento hasta 9, 10 o más personas, según la caracterización socioeconómica realizada por la Cámara de Comercio.
SACRIFICIO FISCAL
Los cuatro proyectos le representaron al Municipio una inversión de $54.517 millones, según la investigación del arquitecto José Neguit, quien estima la necesidad de $84.135 millones para ese proceso de reubicación. El primer obstáculo es que el Municipio de Valledupar está en Ley 550, mientras estabiliza los pagos de las acreencias. Además de gestionar a nivel departamental y nacional se requiere obligatoriamente una reforma sobre el Estatuto de renta para realizar el proyecto, aseguran expertos.
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El próximo año la ley permite evaluar el POT, por lo que se está poniendo sobre la mesa la posibilidad de establecer nuevas reglas que faciliten la recuperación del territorio que le pertenece al río Guatapurí.
Empezando por usar espacios céntricos como destino de los reubicados. Lo propuso el arquitecto Santander Beleño en una investigación para su maestría: mudar a quienes habitan la margen derecha del río hacia zonas céntricas como los barrios La Garita y El Carmen, bajo la concepción del arraigo que establecieron con esta zona.
Opinión similar a la de Aníbal Quiroz, exjefe de Planeación de Valledupar. En su concepto, la próxima administración tiene la posibilidad de plantear un Plan Parcial en el barrio El Carmen para realizar la reubicación, pero además estudiar junto a la Corporación Autónoma Regional, Corpocesar, la posibilidad que permanezcan las familias ubicadas más cerca de la carrera cuarta.
Discusión diferente con las casas que están a menos de 60 metros de la orilla del río Guatapurí, las cuales están amenazadas por la alta posibilidad de avalanchas, según el informe Planeando Ciudades de Findeter, realizado en el 2017.
Son viviendas en condiciones de precariedad que están bajo riesgo de inundaciones de gran afectación por periodo de retorno de 25 años. En otras palabras, la posibilidad de una avalancha en los barrios subnormales Pescaíto, La Esperanza Oriente, Once de Noviembre, Nueva Colombia y Nueve de Marzo. Ya lo sufrió la ciudad, primero una avalancha en los años 60 y otra a finales de la década de los 80.
URGENCIA DE ZONAS VERDE S
Un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, estima que cada persona debe contar en la ciudad con un mínimo de 10 y hasta 15 metros cuadrados de espacio verde para vivir en un entorno saludable. No obstante, en Valledupar había un déficit de espacio público de 6.6 metros cuadrados por habitante para el año 2014, con la proyección que aumente hasta 7.46 metros cuadrados por habitante para el 2027.
¿Qué significa esto? Que la ciudad se está urbanizando sin la proporción de espacios verdes requeridos para preservar la calidad del aire. A nivel nacional, el Departamento Nacional de Planeación estimó que durante el 2015 a la contaminación atmosférica estuvieron asociadas 10.527 muertes y 67,8 millones de síntomas y enfermedades. Si se recupera la margen derecha del río Guatapurí son aproximadamente 10 kilómetros de espacios verdes que le aportarían un nuevo aire a la ciudad.
Otro punto crítico es la informalidad de la zona. Considerada zona de alto riesgo, no hay posibilidad de legalizar los barrios cercanos al río, lo que impide cualquier inversión municipal, desde el servicio de acueducto, alcantarillado, pavimentación, hasta la recolección de basuras.
En esa informalidad se han creado zonas como La Macarena, un espacio abandonado en la margen derecha que se convirtió en una olla de vicio. Por la cercanía, aseguran los expertos, la inseguridad se ve reflejada en el centro.
Principalmente, por el daño ambiental casi irremediable sobre el río Guatapurí, urge la creación de una política pública de reasentamiento que incluya a los habitantes. Igualmente, recuperando esa zona, se abre la posibilidad de extender el turismo a una zona del río ‘muerta’, culpa de la mano del hombre.
Por: DEIVIS CARO DAZA/ EL PILÓN
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