En el 2010, el Ministerio de Ambiente impuso a las empresas mineras CNR, Drummond Ltd. y Grupo Prodeco la obligación de reasentar a las comunidades de Plan Bonito, Boquerón y El Hatillo, como medida preventiva tras un estudio predictivo de calidad de aire. Según las proyecciones oficiales se pronosticó que los límites permisibles de contaminación en el aire serían sobrepasados, por lo cual las comunidades resultarían impactadas en su salud y calidad de vida. 

Dentro de lineamientos internacionales  se estableció que se adquirirían las tierras y se daría un reasentamiento.  Las resoluciones señalaban que los procesos debían darse en un plazo de dos años, sin embargo los tiempos no se cumplieron, aunque las mineras señalaron desde un inicio que era imposible ese plazo.

Once años después muchas cosas cambiaron y dos de las empresas responsables, CNR y Prodeco, suspendieron operaciones. En primer lugar, CNR está en proceso de reestructuración a través de la Ley 1116 de 2006; y Prodeco en un proceso de entrega de títulos mineros.

Como Drummond, la única minera operando, no puede asumir todo el costo, los procesos  de reasentamiento en los que participan las 3 empresas están en ‘pausa’ desde el 2020, aunque antes el de Plan Bonito, casi terminado, fue el único que registró un avance significativo. 

Entre otras cosas, hay un impedimento legal para continuar: las resoluciones establecen que los procesos son una obligación de resultado sin criterio de solidaridad, es decir, Drummond no puede reemplazar ni asumir los compromisos de las otras empresas involucradas.

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EN ESPERA

En El Hatillo, corregimiento de El Paso, desde hace 11 años, cuando el Ministerio de Ambiente ordenó su reasentamiento, esperan conocer su nuevo hogar. Alrededor de 184 familias ya firmaron el contrato para la reubicación, 104 de forma individual y 80 de forma colectiva, esto es, en grupo.

Como en los otros dos corregimientos, Drummond tiene la mayor responsabilidad. Y es que en una cuestionada resolución las autoridades determinaron el porcentaje de inversión y participación de las empresas, no según su cercanía a los territorios, sino según su producción. En el caso de El Hatillo, Drummond participa con el 52,30 %, Prodeco con el 8,70 %, y CNR con el 39 %.  

En 11 años se han reasentado 13 familias y la única en condiciones de cumplir es Drummond. Sin embargo, no puede avanzar porque la Fiducia Mercantil, donde están guardados los recursos del reasentamiento, no puede desembolsar dinero ni ejecutar contratos sin contar con la firma de las tres compañías involucradas: Drummond, Prodeco y CNR. Y en este caso, se está esperando que la  Superintendencia de Sociedades autorice el uso de los recursos de CNR existentes en la Fiducia. 

Dentro de ese proceso de reasentamiento, las empresas mineras debe cubrir aspectos  como la reposición de la vivienda, las estructuras anexas, un kit de donación (neveras, alcoba, entre otros), además, por la afectación de las actividades económicas deben financiar proyectos económicos, pagar durante 5 años los servicios públicos, entre otros puntos. 

Para dimensionar la inversión, hasta 2020, previo a la situación de CNR, desde la Fiducia se giraron recursos por valor de $37.038 millones de pesos orientados solo a gastos operativos, logísticos y administrativos.

EL CASO BOQUERÓN

El pasado 2 de febrero, a través de una resolución, el Ministerio de Ambiente determinó que Boquerón ya no era un área fuente de contaminación, ni para material particulado 10 (PM10) ni para material particulado 2.5 (PM 2.5), aquellas partículas “sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera, las cuales son factores contaminantes”.

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Por lo tanto se consideró como área no fuente de contaminación, es decir, luego de casi once años de espera ya no es necesario reubicar a esta población. A partir de esta decisión, la ANLA solicitó a las empresas mineras presentar un Plan de Manejo Socioeconómico. En este corregimiento de La Jagua están preocupados porque luego de la audiencia de febrero todas las promesas quedaron en el papel, así lo hicieron saber en la audiencia realizada la semana pasada. 

En esa mesa se confirmaron quiénes eran los responsables de los pactos establecidos. Las encargadas de formular e implementar un Plan de Manejo Socioeconómico (PMS) serán las sociedades mineras Drummond, Prodeco y Colombian Natural Resources (en reorganización); y las autoridades públicas serán las encargadas de dirigir ‘Boquerón avanza y emprende’, una estrategia que consiste en inversiones y políticas estatales en favor de las comunidades del corregimiento. La primera en materializarse sería el acueducto y alcantarillado. En este desértico corregimiento esperan que pronto llegue  el proceso y ser liberados de la pobreza a la que fueron condenados. 

Por último, el caso más avanzado es el reasentamiento de las familias de Plan Bonito, en El Paso. Según informes de Drummond, el avance es del 95 %, sin embargo no se ha podido finalizar por la situación de las dos empresas que pararon.

Por: Redacción EL PILÓN