Un nuevo escándalo de posible corrupción policial sacude al departamento del Cesar. Esta vez por tres policías que mandaron a prisión tras ser señalados de permitir sexo, alcohol, prostitución y hasta tortura dentro de las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de la Fiscalía, donde laboraban como custodios en Valledupar.
Los involucrados son Sergio Antonio Mendoza Chiquillo, Edwin Calderón Vargas y Ellelvis Luis Alarcón Rivera, conocido como ‘El Guajiro’, quienes por más de cinco meses prestaron su servicio en el centro de reclusión de paso.
Todo inició por una información allegada a la Fiscalía que indicaba que en la URI, localizada en la calle 16 de la capital del Cesar, la mayoría de los policías recibían dinero a cambio de permitirle a los reclusos desarrollar acciones prohibidas como tener relaciones sexuales entre ellos mismos o con personas externas y obtener comodidades tales como alcohol, celulares, colchonetas, entre otras.
Así las cosas, la Fiscalía 12 seccional comenzó la investigación que arrojó que las irregularidades se venían registrando desde un sargento retirado que laboraba en el sitio. “Exigían sumas de dinero en el transcurso de enero hasta el mes de noviembre del año 2020 para poder permitirles realizar actividades y obtener comodidades dentro del centro de reclusión, por el cual cobraban desde una colchoneta a una sábana, pero también recibían sobornos a cambio del ingreso de equipos celulares, licor, mujeres con fines sexuales, prostitución y fiestas privadas entre los detenidos”, aseguró Héctor Ruiz, fiscal 12 (e) en las audiencias preliminares.
‘EL BALACHE’
Si los privados de la libertad habían arreglado un encuentro sexual con otra interna de la URI la palabra clave que debían pronunciar a los policías era ‘el balache’. Por lo anterior, los uniformados aparentemente entre las 10:00 de la noche hasta en horas de la madrugada sacaban a los reclusos para la cita. Esta podía darse en la sala de audiencias, por la que cobraban hasta $200.000, la oficina del custodio o el pasillo. Todo dependía del presupuesto.
“Cuando estaba el sargento no apagaban las cámaras, pero cuando lo cambiaron y colocaron a Sergio Antonio Mendoza siguieron con el negocio y pagaban a los celadores para que apagaran las cámaras; se hacía para sacar a los presos de sus celdas y luego también para volverlos a ingresar”, acotó Ruiz al leer la declaración de un testigo.
Las femeninas privadas de la libertad presuntamente cobraban a los reclusos por sexo entre $80.000 a $100.000, pero de eso solamente recibían el 50 % puesto que debían darles un porcentaje a los policías.
Pero en ocasiones la cita era con ciudadanos ajenos a la URI a quienes, supuestamente, los uniformados hacían ingresar haciéndolos pasar por abogados u otras personas, dado que eran prostitutas y las parejas sentimentales de los internos.
La URI se encuentra en la calle 16 de la ciudad.
FIESTA DE AMOR Y AMISTAD
Cuando la población a nivel nacional se encontraba analizando la nueva etapa del confinamiento por la pandemia originada por el coronavirus, al interior del centro de detención se habría realizado el pasado 19 de septiembre una fiesta privada en la sala de audiencias, autodenominada como la ‘VIP’.
Según el ente acusador, ese día los tres policías se encontraban de turno y permitieron, a cambio de más de un $1.000.000, el ingreso de aproximadamente 12 litros de alcohol para los reclusos.
El dinero habría sido dado por el detenido Harold Valoy Córdoba, alias ‘Cuco’ Valoy, quien fue capturado por el delito de extorsión y ahora es uno de los testigos del organismo investigador.
“La sala de audiencias, sitios sagrados de la justicia lo tenían como una sala principal en ese antro en lo que convirtieron a la Uri de Valledupar. Ahí cobraban 200 mil pesos por el aire y la privacidad”, puntualizó el fiscal.
UN CASO DE ‘TORTURA’
Otros testigos denunciaron que el anterior 21 de septiembre el policía Sergio Antonio Mendoza Chiquillo recibió presuntamente dinero a cambió de pasar de una celda a otra al interno Ricardo Tarazona para que le propinaran una golpiza y lo torturaran.
Según la investigación, en el momento el recluso gritaba para que lo sacaran porque decía que lo estaban torturando, pero no fue suficiente para ser salvaguardado.
Como testigo está un compañero que notó cuando Mendoza lo sacó e ingresó al día siguiente demacrado.
UN ALLANAMIENTO
El 4 de septiembre el Gaula realizó un allanamiento en la URI y encontró en manos de los internos 12 celulares de alta gama, situación que demostraría el tránsito de los dispositivos en el sitio.
De hecho, la Fiscalía comunicó que uno de los encarcelados que rindió interrogatorio de los hechos mostró el celular que tenía y con el que hizo fotos el día de la fiesta.
‘ES UNA REPRESALIA’: LA DEFENSA
Sykdy Julieth Tortello, abogada de Sergio Antonio Mendoza, comunicó que todos los hechos responden a una “venganza” de una de las testigos e internas que anteriormente fue denunciada por estafa por la esposa de su defendido.
“Como puede ser creíble la entrevista de una persona que tiene represalias en contra del señor Sergio y su esposa por haberla denunciado y encontrarse detenida. Por tal razón, no puede ser tenida en cuenta para un inferencia razonable”, aseveró Tortello.
Señaló, además, que no se podía dar veracidad a los elementos probatorios de la Fiscalía debido a que su mayoría son declaraciones de internos, que tienen prontuario delictivo.
A su turno, Luis Fernando Bayona, defensor de los otros dos procesados, afirmó que el detenido Harold Valoy dio esas declaraciones porque no le gustó que lo trasladaran a ‘La Tramacúa’.
“Si fuera cierto, es diferente tener relaciones sexuales, a la prostitución que es producto de vender el cuerpo y constreñimiento que es obligación, sino es esta última sería inducción y en ninguna de las entrevistas para los tres se habla de constreñir a ninguno para tener relaciones sexuales por pago”, aclaró Bayona.
SE DECLARARON INOCENTES
Los tres uniformados fueron presentados ante el Juzgado Primero Penal Municipal con función de Control de Garantías de Valledupar.
Durante las audiencias los tres fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, concusión, cohecho propio y constreñimiento a la prostitución. Adicionalmente, a Sergio Mendoza Chiquillo le endilgaron el delito de tortura. Ninguno aceptó los cargos.