Un nuevo capítulo se abre en medio del drama de los habitantes de las viviendas que iniciaron como parte de la urbanización El Edén.
En este sector, habitado por invasores que llegaron en 2015 tras el detenimiento que hubo en el proyecto destinado inicialmente para reubicar a moradores de Esperanza Oriente, sector ubicado en la ribera del río Guatapurí, se tiene previsto que se lleve a cabo a finales de este mes un desalojo.
De acuerdo con Jaryolis Sánchez, líder de esta zona, ahora mismo la comunidad se encuentra muy inconforme porque el 28 de febrero de 2017 firmaron una socialización donde aceptaron una reubicación que hasta el momento no se ha cumplido.
“Tenemos cuatro años de estar aquí y somos 60 casas que reclaman en material y 215 lotes”, expresó Sánchez, quien pidió que el alcalde les responda por esta situación ya que inicialmente les habían hecho la promesa de darles una solución y todavía no ha pasado nada.
De hecho, indicó esta líder junto con otros miembros de la comunidad, les habían dicho que existía un proyecto en el 2017 para reubicarlos en la vereda Las Casitas y tampoco han visto nada al respecto.
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“Estamos a la espera de que nos brinden la solución de una vivienda digna”, agregó, al tiempo que enfatizó que el 80 % de la población ubicada en esta zona es desplazada por la violencia de diferentes regiones del Cesar y Colombia.
Incluso reconoció esta comunidad que se trata de un sector destinado para la reubicación de otra población, pero que esperan también que se cumpla el mismo proceso con ellos dada la necesidad que tienen.
“Estamos conscientes de que estos terrenos no son nuestros, pero queremos una mesa de trabajo donde nos sentemos a conversar para ver cómo vamos a quedar”, sugirió Karine López, quien mencionó que antes instauraron derechos de petición que no han sido respondidos y que el desalojo del pasado noviembre lo detuvieron con una medida cautelar, pero que luego perdieron esa tutela lo que los deja con el panorama actual.
¿Y LA OTRA ZONA?
La preocupación ante el inminente desalojo se ha extendido más allá de estas viviendas ubicadas al sur de Valledupar. Cerca de allí se encuentra también otra zona de invasión, conocida popularmente como la cuchilla, en donde residen más de 30 familias que ahora están expectantes de si serán desalojadas igualmente.
“Vimos que iba a venir un desalojo, no nos han dicho más nada, pero necesitamos solución porque para dónde vamos a coger”, manifestó Luz Estela Luna, moradora de este sector.
¿QUÉ DICE LA ALCALDÍA?
Sobre esta situación, que no es nueva, el secretario de Gobierno de Valledupar, Gonzalo Arzuza Torrado, expresó que este proceso responde a la orden perentoria de desalojar y restituirle el derecho a los verdaderos beneficiarios de estos inmuebles, que recibió el Municipio tras la tutela que en su principio detuvo la acción del desalojo del año pasado, pero que fue rechazada de plano por las autoridades judiciales.
“Hemos manifestado que pueden hacer el desalojo de manera pacífica buscando que sea lo menos traumático posible porque esas casas fueron asignadas a un beneficio para unas personas que ostentan la calidad de víctimas”, enfatizó el funcionario.
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Del mismo modo dijo que ya la socialización debió empezar a hacerse, aunque la comunidad aseguró lo contrario y que ocho días antes tienen la posibilidad de poner el aviso de desalojo. A pesar de que inicialmente desalojarán a quienes se encuentran ocupando las casas del proyecto, reconoció que evaluarán si se puede tomar la medida con todo el sector invadido.
En cuanto a las alternativas que pueden dar a estas personas destacó que muchos han comprado una posesión ilegal, que otros no ostentan la calidad de víctimas y que quienes sí figuran dentro del censo de la administración como tal serán cobijados con un beneficio por parte de la Alcaldía para un alojamiento de tres meses.
“Es compleja la situación”, finalizó Arzuza.
Por: Daniela Rincones Julio / EL PILÓN
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