Una controversia jurídica y social se ha gestado entre la Comisión Colombiana de Juristas, CCJ, y la Alcaldía de El Copey en torno a las estructuras óseas que reposan en un lote del municipio que, posiblemente, corresponden a personas víctimas de ‘falsos positivos’.
Recientemente, la CCJ denunció y cuestionó fuertemente el papel de la administración municipal frente a su actuación en dicho predio donde reposan aparentemente por lo menos 100 víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales de civiles, presentados falsamente como muertos en combate.
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La comisión aseguró que a pesar de las medidas cautelares proferidas por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en la que se ordenó suspender la manipulación e intervención del predio, el mandatario del municipio, Francisco Manuel Meza Altamar, continúo con los trabajos en el terreno.
“La construcción del cementerio es una de las propuestas con las cuales la actual alcaldía de ese municipio ganó las elecciones, lo que explicaría su insistencia en la construcción de bóvedas en el predio conocido como cementerio alterno de El Copey. El hecho de que, ese terreno esté cercado con una lona actualmente, impide hacer seguimiento de lo que está ocurriendo allí. Sin embargo, los pobladores de la región han visto ingresar material de construcción y manifiestan que las intervenciones en el lugar son diarias”, acotó la CCJ.
Las primeras medidas decretadas provisionalmente por la JEP fueron emitidas a finales del mes de julio de 2020 con el fin de la conservación de los restos de las personas no identificadas o no reclamadas en el lote.
La decisión respondió al llamado que realizó para esa época la Comisión Colombiana de Juristas sobre la vulnerabilidad en la que estaban las estructuras óseas a raíz de un video que se propagó por las redes sociales.
El debate sobre los restos y el cementerio inició desde el mes de julio de 2020.
En el material audiovisual, un ciudadano mostraba los huesos expuestos y en peligro de desaparecer mientras que unos trabajadores buscaban adecuar el terreno para habilitarlo como un cementerio para las personas fallecidas por coronavirus.
En ese sentido, se generó una alarma desde la capital del país por un informe que la CCJ el 7 de marzo de 2019 entregó ante la JEP, en la que recaudó información de 23 hechos de ejecuciones extrajudiciales en esta zona del departamento del Cesar.
Entre las víctimas estarían Oscar Alexander Morales Tejada, Octavio Bilbao Becerra y Germán Leal Pérez, quienes presuntamente reposan en el terreno desde el 16 de enero de 2008. Los hombres aparecieron en una carretera destapada en zona rural de El Copey después de supuestamente ser asesinados por miembros del Batallón de Artillería Nº2 La Popa, adscritos a la Décima Brigada Blindada del Ejército Nacional.
Por eso, ahora la CCJ instó a las autoridades a declarar en desacato a la administración municipal.
“Decidimos solicitar a la JEP decretar el desacato por parte de la Alcaldía de las medidas cautelares ordenadas sobre el cementerio alterno El Copey, dado que existe evidencia que pone de manifiesto el actuar doloso de las instituciones públicas del municipio, poniendo en riesgo los restos de las víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales que allí reposan, vulnerando los derechos de sus familiares, quienes están a la espera de recuperar sus cuerpos”, puntualizó.
LA OTRA REALIDAD
La Alcaldía Municipal, por su parte, explicó que El Copey cuenta con un terreno de 9 hectáreas, de las cuales tres están invadidas, otro es el lote donde están los restos, conocido ahora como cementerio alterno; el siguiente es una hectárea y media que se segregó para un programa de vivienda; y otro son dos hectáreas y media, sitio donde se está construyendo el cementerio nuevo.
“La Comisión quiere que nosotros no hagamos cementerio en todo el territorio de El Copey, porque es lo me da a entender, hasta tanto en el año cincuenta mil se haga una tomografía al casco urbano del municipio. A nosotros no nos han definido realmente cuáles son los puntos o la georreferenciación de lo que se va postergar porque nos hablaron fue del cementerio donde aparecieron los restos humanos. Obviamente, como alcalde atendiendo la directriz de la corte he tomado la decisión de no intervenir para nada ese sector donde aparecieron los restos en el lote”, manifestó Francisco Manuel Meza Altamar, alcalde de El Copey.
Explicó, además, que la obra la adelantan en un terreno muy alejado de dos hectáreas y media en la que se realizarían más de 1.500 bóvedas.
El proyecto valorado en 2.350 millones de pesos contó con el apoyo económico de la Gobernación del Cesar.
“Nosotros como municipio podemos decir que todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido coherente y respetuoso de las medidas. En noviembre nos quedamos sin recursos y de mi bolsillo se pagó el celador para cuidar el terreno (de los restos)”, aseveró Meza Altamar.
UN POBREMA DE SALUD PÚBLICA
El nuevo cementerio se convirtió en una necesidad para el pueblo debido a que al actual no le cabe un muerto más. Por ejemplo ahora tiene menos de 12 tumbas para ocupar.
Con esa realidad se topó, precisamente, una familia a inicios del mes de julio del año pasado, cuando tuvo que pasear por todo El Copey y sus alrededores a su ser querido fallecido por covid-19 en busca de llevarlo a su destino final.
Finalmente, fue sepultado en el Cementerio Central del pueblo, pero horas antes se auspició toda una controversia: mientras que los parientes decían que al occiso inicialmente no le habían diagnosticado coronavirus, el alcalde aseguraba que debía ser sepultado en un área exclusiva para covid-19 y que además se atrevieron a realizar clandestinamente una bóveda en el Cementerio Central.
Lo cierto, es que el cementerio principal colapsó y cada honra fúnebre se traduce en una doble tragedia dado que deben buscar un espacio en ese lugar o llevarlos al corregimiento de Caracolicito, el cual inicialmente fue renuente.
Marllelys Salinas Mercado / EL PILÓN