Jarid Josué Gómez Bonet llegó a la dirección territorial del Ministerio del Trabajo en el Cesar en abril de este año. Cinco meses después se refiere a cómo encontró la entidad y cuáles son los retos que enfrenta el departamento en materia laboral, así como también contó los avances en la implementación de la reforma laboral, y los desafíos y oportunidades vinculados al corredor minero y la transición energética.
Gómez es abogado, especialista en Derecho Constitucional. Fue personero municipal en Pailitas y abogado litigante durante una década, trabajando con la Defensoría del Pueblo en el ámbito del Derecho Penal.
¿Cuál es el alcance territorial de esta dirección del Ministerio del Trabajo en el Cesar?
Nuestra jurisdicción abarca el departamento del Cesar, pero también atendemos municipios de Magdalena como Algarrobo; en el sur de Bolívar, municipios como Simití, Morales, Norosí y Río Viejo; y en Norte de Santander el municipio de La Esperanza. Esta distribución obedece a una reorganización establecida por el Ministerio que busca mayor eficiencia logística y una adecuada capacidad instalada en cada región.
¿Cómo llegó usted a este cargo?
Asumí el cargo el 9 de abril de 2025 por disposición directa del ministro Antonio Sanguino, a quien agradezco su confianza. Personalmente, mantengo una amistad y una afinidad política con él, pues pertenezco a la Alianza Verde y fui candidato a la alcaldía de Pailitas, que es mi municipio de origen.
¿Qué encontró usted al llegar a la territorial y cuáles han sido los principales avances?
Nos encontramos con un panorama donde el Ministerio tenía una imagen deteriorada en la opinión pública, debido a percepciones de incumplimiento y descontento laboral. La principal instrucción fue recuperar la credibilidad del Ministerio como defensor de los trabajadores, así como fortalecer el diálogo con sindicatos y preparar la implementación de la reforma laboral que ya está vigente desde el 25 de julio de 2025. Hemos avanzado en inspecciones, por ejemplo, a tiendas Ara y Olímpica para verificar cumplimiento en horas extras y condiciones laborales ajustadas a la reforma.
¿Cuál es el estado actual de las garantías laborales en el Cesar?
La conflictividad laboral es alta. En el sur del Cesar enfrentamos conflictos frecuentes con empresas petroleras, que contrata a trabajadores en zonas como San Martín y San Alberto, además de problemas en el sector minero vinculados a accidentes, despidos injustos y persecución sindical. También hay altos índices de accidentabilidad en sectores como la palma y la construcción, que estamos abordando en cooperación con la Gobernación.
¿Qué acciones ha tomado la territorial frente a incumplimientos empresariales?
Aunque nuestro objetivo no es sancionar indiscriminadamente, sino fomentar el cumplimiento y la productividad, hemos aplicado sanciones a algunas empresas por incumplimientos en seguridad y derechos laborales. También buscamos apoyar a los pequeños empresarios en la adaptación a los estándares mínimos exigidos por la reforma laboral.
En relación al Instituto Departamental de Salud (IDREC), ¿qué puede hacer el Ministerio por estos trabajadores?
El IDREEC enfrenta una crisis financiera severa, con salarios atrasados a los trabajadores por más de 20 meses. Hemos impulsado mesas de diálogo y realizado inspecciones, instando al gobierno departamental a definir una solución, ya sea inyectando recursos o avanzando en la reorganización o liquidación del instituto, dado que su sostenibilidad depende de la llegada de nuevos usuarios.
El ministro Antonio Sanguino anunció que llegará al Cesar el 19 de septiembre con otros ministerios para tratar las inversiones del corredor minero. ¿Qué se espera de ese evento?
Es muy importante porque el Gobierno nacional ha puesto el foco en el corredor minero, con la idea de convertir esta región en una gran zona industrial vinculada a la transición energética. En La Jagua de Ibirico se realizará una audiencia pública en la que estarán presentes alcaldes, comunidades y trabajadores para dialogar sobre proyectos de inversión e iniciativas ligadas al “corredor de la vida”. La territorial del Trabajo estará presente acompañando a los trabajadores.
Muchos proyectos están radicados ante distintos ministerios, y aunque desconocemos detalles específicos de ejecuciones pasadas, la intención hoy es articular esfuerzos entre el Gobierno nacional y territorial para apalancar recursos y fortalecer la confianza institucional. El ministro Antonio Sanguino ha asumido un compromiso activo para apoyar esos municipios.
La conflictividad en el sector minero es compleja. Entendemos la preocupación del sindicato, pues la reducción de mercados puede impactar la capacidad de producción y, en consecuencia, el empleo. Sin embargo, despidos se han dado históricamente en el sector, independientemente del destino de las exportaciones. La transición energética es una realidad global y debemos trabajar juntos para encontrar soluciones que protejan a los trabajadores y fomenten el desarrollo social y económico del departamento.
Por Andrea Guerra Peña.
