Este lunes 22 de enero, el excontralor departamental Delwin Jiménez fue nombrado como nuevo director del Área Metropolitana que integra los municipios de Valledupar, La Paz, San Diego, Manaure y Agustín Codazzi. Como aseguró el alcalde de Valledupar y presidente de la junta directiva, Ernesto Orozco, el nuevo director tiene un reto grande: sacar del ostracismo la sectorial.

El Área Metropolitana de Valledupar fue constituida legalmente en el año 2002, pero fue hasta el 2012 que entró en funcionamiento. En estos 12 años de trayectoria, corta en comparación con otras áreas metropolitanas que tienen 30 o 40 años en operación, su impacto ha sido poco o nulo. 

RECURSOS Y LIMITACIONES

Según el organigrama interno, la entidad tiene 14 funcionarios, incluyendo el director, quienes son los encargados de cumplir la función de planificar el territorio metropolitano. El problema es que dependen de la disposición política de los alcaldes. 

La Ley 1625 del año 2013 estableció que para financiar el funcionamiento de las áreas metropolitanas, los municipios deben destinar un porcentaje de los ingresos de libre destinación del SGP. Los concejos municipales son los encargados de establecer ese porcentaje. 

Por ejemplo, en Valledupar no está regulado, y depende de lo que determine cada alcalde; Codazzi aporta el 1 % de los recursos de SGP de libre destinación; y La Paz, San Diego y Manaure aportan en promedio el 2 %. 

“Esos recursos se giran de forma mensual. Valledupar, en los últimos años, ha cumplido con el valor que se compromete, y de acuerdo con el apetito burocrático del alcalde adicionan recursos”, sostuvo una fuente a EL PILÓN.

Casi el 90 % de los recursos que destinan se van en gastos de funcionamiento. Para el 2023, el presupuesto era de $1.586 millones, pero casi todos se fueron para funcionamiento. Para completar, algunos municipios se atrasan en el pago. Por ejemplo, durante las alcaldías de Efraín Quintero y ‘Luchito’ Peñaloza, Codazzi dejó de pagar lo establecido. La deuda alcanzó los $1.000 millones de pesos. En el 2022 se retrasó Manaure.

UN ÁREA DESACTUALIZADA

El Área Metropolitana es una entidad netamente planificadora del territorio, es decir, tiene el deber de responder por la planificación. A propósito del inicio de los nuevos mandatos regionales, debe acompañar los procesos de construcción de los planes de desarrollo y articularlo con el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, PIDM. 

El problema es que, al igual que su página web, ese PIDM está desactualizado, lo que dificulta trabajar con los municipios. El PIDM fue construido en el 2013 para un periodo de 10 años, por lo que su plazo se venció en el 2023. Ninguno de sus objetivos se cumplió a cabalidad o gracias a un trabajo metropolitano. Los avances se dieron gracias al trabajo de cada municipio en particular.  

Por ejemplo, dentro de los objetivos se sugería aumentar la oferta de espacio público en el área metropolitana; gestionar la implementación de un sistema de transporte urbano-regional eficiente; disminuir el déficit habitacional cualitativo y cuantitativo; y gestionar la implementación de sistemas de servicios públicos metropolitanos eficientes.

“El nuevo director tiene el desafío de actualizar ese plan a 10 años y poner los mismos objetivos de los 10 años anteriores porque no se cumplió ninguno”, señaló un exdirector.

Asimismo, dentro de los nuevos retos, el Área Metropolitana debería proyectarse como gestor catastral, promotor de la gestión de los residuos sólidos; protección de las cuencas hidrográficas, especialmente el río Cesar, y reactivar los pomcas, entre otras.