Este jueves 6 de noviembre, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Aguachica admitió una acción popular contra el municipio de Río de Oro, Cesar, y la oficina de Instrumentos Públicos de Aguachica, para que no sean demolidos los salones de bachillerato de la institución educativa Alfonso López Pumarejo, plantel ubicado en el casco urbano de este municipio.
La acción judicial interpuesta por Emilio José Peña, abogado y egresado de esta institución, pretende que “se ordene a la Alcaldía Municipal de Río de Oro anular la Escritura Pública 080 de 2025, en consideración a que vulnera los derechos colectivos a la moralidad pública y a la defensa del patrimonio público”.
“Presenté la acción popular para que la Alcaldía anule esa escritura en la que se dividió el terreno de la institución en dos. Dentro de esa división, una parte del colegio sería demolida para la construcción del Hospital de Río de Oro. Algo irregular que no puede hacer la administración municipal”, puntualizó Peña.
El jurista explicó que el mandatario local no tenía la facultad para dividir el terreno y cambiar su destinación. “Esa facultad debió dársela el Concejo Municipal y él se saltó ese paso. Allí se incurrió en un acto irregular. En una reunión que se tuvo con él aseguró que ya no se iba a construir allí el hospital, pero hasta la fecha aún siguen vigentes esas escrituras que deben ser anuladas”.
Los salones que serán demolidos
En lo corrido del año, los estudiantes de grado once y padres de familia de este colegio, realizaron dos protestas pacíficas por la demolición del área de bachillerato. Una se registró el 24 de septiembre y la otra el 29 del mismo mes, debido a que además de la construcción del centro de salud, estaba contemplado la edificación de un muro que separaría el hospital de las demás áreas del colegio.
“Van a demoler esos salones y pretenden que los estudiantes de bachillerato se acomoden en el área de primaria. Allí no hay espacio; por cada grado de bachillerato hay dos salones. Se habla de que hay dinero para construir el hospital, pero no de recursos para este colegio del que se han graduado muchos profesionales”, manifestó la asociación de padres de familia.
Comunidad educativa consternada
Este plantel que cuenta con alrededor de 756 alumnos, la población estudiantil más alta de este territorio, es la institución de donde han egresado un alto porcentaje de ciudadanos de este municipio. Por lo anterior, la comunidad rechaza que sean demolidas algunas de sus infraestructuras.
En ese sentido, los acudientes precisaron que el colegio cuenta con doble titulación, lo que la hace “indispensable” porque los alumnos se gradúan como técnicos en Informática y, con el Sena, como técnicos en Sistemas.
“Nos dijeron que los niños deben aguantar una incomodidad de dos años mientras se construye el hospital. Eso es algo inaudito, torpedear de esa manera la formación de nuestros niños. Queremos que se anule esa escritura para tener la seguridad de que no van a construir ese hospital”, argumentó Katia Durán, madre de familia.
