Este miércoles 26 de junio, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional decidirá si revisa o no la tutela por medio de la cual 14 organizaciones y dos sindicatos del corredor minero del departamento del Cesar están solicitando una participación efectiva en el cierre de las minas Calenturitas y La Jagua, títulos que fueron entregados de forma anticipada por Prodeco, de la multinacional Glencore.
El 5 de agosto de 2022, las organizaciones presentaron una acción de tutela en contra del Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, con el fin de que fueran amparados sus derechos fundamentales a la consulta previa, la participación ciudadana, el acceso a la información, al territorio, y a la diversidad étnica y cultural, de las comunidades indígenas, afrodescendientes, sindicatos y campesinas del corredor minero del Cesar y Magdalena.
FALLOS
La acción constitucional fue conocida en primera instancia por el Juzgado Séptimo Administrativo de Valledupar, el cual, mediante fallo del 4 de noviembre de 2022, ordenó al Grupo Empresarial Prodeco y a la ANLA convocar una mesa de diálogo en la que se presentaría y discutiría el contenido de la actualización del “plan de cierre” para determinar las obligaciones pendientes a cargo de las compañías.
