Un reciente sondeo realizado por la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), a través de su Bitácora Express, advierte que el 71 % de los empresarios anticipa una disminución en su planta de personal como respuesta directa al incremento del 23,7 % en el salario mínimo, sumado a la implementación de la reforma laboral y la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales.
Dentro de este grupo, un 30 % proyecta despidos significativos, mientras que un 41 % estima una reducción moderada, dejando apenas a un 9 % de los encuestados con la percepción de que el ajuste salarial no tendrá efectos relevantes en el empleo. Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, señaló que la capacidad del sector productivo para absorber este choque de costos es mínima.
Subir costos e innovar, entre las opciones
El informe detalla que el 51 % de las compañías reconoce estar poco o nada preparada para enfrentar simultáneamente el alza salarial y las nuevas normativas sin un plan de acompañamiento gubernamental; tan solo el 8 % de las organizaciones afirma contar con las condiciones necesarias para asumir el nuevo paquete de costos.
Ante esta coyuntura, las empresas ya han comenzado a ejecutar medidas de mitigación: un 31 % planea trasladar los costos al consumidor final mediante el aumento de precios, el 28 % acelerará sus procesos de automatización y un 21 % congelará nuevas contrataciones.
Otros impactos relevados por la encuesta De acuerdo con el estudio, el ajuste ha comenzado con la reducción de operaciones nocturnas, dominicales o festivas en el 40% de las empresas, mientras que otro 27% planea hacerlo en el corto plazo.
Asimismo, uno de cada cuatro empresarios ya ha congelado o reducido su nómina y un 8% reporta cierres parciales o totales. Además, un 11% de los encuestados indicó que absorberá parte del impacto sacrificando sus márgenes de ganancia.
Otro hallazgo relevante del sondeo es el deterioro de la competitividad del sector formal frente a la informalidad. El 64% de los empresarios asegura que los mayores costos laborales afectan gravemente su capacidad para competir en precios, una percepción que se ha incrementado en ocho puntos porcentuales respecto a 2025.
