Desde el lunes 11 de agosto, la operación minera de Cerrejón en La Guajira se ha visto seriamente afectada por un nuevo bloqueo en la línea férrea a la altura del kilómetro 3, en jurisdicción del municipio de Albania.
La protesta, ejecutada por el Consejo Comunitario Ancestral Afrodescendientes y Negros de Los Remedios, se extendió este jueves a la entrada del tajo Annex dentro de la mina, lo que impide la salida e ingreso de personal, el transporte de carbón hacia Puerto Bolívar y el suministro de insumos esenciales para la operación.
Cerrejón indicó que este bloqueo ocurre en un momento crítico, marcado por condiciones internacionales que han vuelto insostenibles los precios del carbón térmico y que han obligado a una reducción significativa en los niveles de producción.
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El Consejo Comunitario hace parte del proceso de consulta previa derivado de la Sentencia T-704 de 2016. De las cuatro comunidades que integran Los Remedios, tres ya firmaron acuerdos con la empresa, pero este grupo permanece en la fase de “pretalleres”, en la que aún se busca consensuar compromisos antes de protocolizarlos ante la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP).
La posición de Cerrejón
La compañía destacó que, hasta la fecha, ha protocolizado 421 acuerdos con comunidades étnicas, de los cuales 397 ya fueron cumplidos en su totalidad. Estos convenios han dado lugar a más de 2.000 iniciativas sociales, definidas y ejecutadas por las comunidades, en áreas como infraestructura, acceso a agua, educación, saneamiento y generación de ingresos.
Cerrejón hizo un llamado a la comunidad de Los Remedios y a sus asesores para que retomen el diálogo institucional, advirtiendo que las vías de hecho obstaculizan la construcción de acuerdos sostenibles y justos.
Este nuevo bloqueo se suma a un panorama de creciente conflictividad social en La Guajira. Entre enero y abril de 2025 se registraron más de un centenar de bloqueos viales en el departamento, muchos de ellos dirigidos contra la infraestructura de Cerrejón. A la par, la caída de los precios internacionales del carbón ha incrementado la presión sobre la empresa y la economía regional, afectando a trabajadores, contratistas y familias que dependen de esta actividad.
