Presento un resúmen del capítulo ‘Inclusión Financiera en Colombia’, libro editado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Asobancaria.
El capítulo “Enfoque territorial de la inclusión financiera” parte de la idea clave de que, en Colombia, hablar de inclusión financiera sin considerar las enormes diferencias que existen entre sus territorios es quedarse con una imagen incompleta del problema.
En los últimos años se ha dicho con orgullo que cada vez más colombianos tienen acceso a servicios financieros. Cifras recientes muestran que el 95% de adultos ya tiene una cuenta bancaria o maneja algún producto financiero básico, como billeteras digitales (Nequi, Daviplata, Movii) que permiten hacer transferencias y pagos desde el celular sin necesidad de una cuenta bancaria tradicional.
Pero detrás de esas cifras hay una realidad menos visible y mucho más compleja: millones de personas (64,5% de los adultos), especialmente las que habitan en las regiones periféricas del país y en áreas rurales, siguen sin poder acceder al crédito. Es decir, pueden tener una cuenta, pero no tienen la posibilidad real de obtener un préstamo con el cual puedan ascender un escalón más en su vida.
Esto se siente con más fuerza en el campo. En departamentos como el Cesar, donde la tierra es fértil y la vocación agrícola es histórica, miles de campesinos no pueden acceder a créditos productivos.
Para la mayoría de ellos, pedir un préstamo formal es casi imposible, y la razón principal es sencilla: los bancos les exigen demostrar ingresos estables, historial crediticio y/o garantías que la mayoría no tiene. Sin acceso a crédito no pueden tecnificar sus predios, comprar maquinaria básica ni instalar sistemas de riego. Por eso, muchos campesinos terminan sembrando con las manos vacías, dependiendo del clima y usando las mismas herramientas de hace 50 años.
Costos de la exclusión financiera
Las consecuencias son preocupantes, no solo para ellos, sino para el país entero. Colombia tiene un potencial agrícola enorme, pero sigue importando buena parte de los alimentos que consume. Y cuando el campo no es rentable, la migración hacia las ciudades crece y, en muchos casos, las personas quedan atrapadas en la pobreza urbana.
En el peor escenario, algunos campesinos terminan recurriendo a economías ilegales como los cultivos ilícitos, lo que alimenta un círculo vicioso de pobreza, violencia y destrucción ambiental.
Los costos de la exclusión financiera (no acceso a créditos) no lo padecen exclusivamente campesinos y personas en la ruralidad. En las ciudades, especialmente en las de la región Caribe, la ciudadanía ha visto bastante limitada su posibilidad de hacerse con sistemas de paneles solares en sus viviendas o comercios, precisamente por la falta de acceso a este tipo de créditos. Así las cosas, los hogares y comercios están condenados a seguir destinando gran parte de sus ingresos al pago de los altos costos de los recibos de luz, y no se avizora ninguna solución estructural ni al corto ni al mediano plazo.
La situación es crítica: una persona que vive en Valledupar o en Riohacha está pagando por el recibo de luz el triple de lo que pagaría si estuviese viviendo en Pereira o en Ibagué. Esto no le hace mella a la justicia social ni a la competitividad.
La instalación de sistemas paneles solares permitiría a muchas familias reducir significativamente el gasto mensual en electricidad pero, nuevamente, la falta de acceso a crédito impide que muchos puedan cumplir con ese propósito.
Para instalar paneles solares se requiere una inversión inicial que la mayoría de las familias no puede costear, y lo que es peor, tampoco califican para préstamos debido a la precariedad de los ingresos y a la alta informalidad laboral en la región (solo en Valledupar es del 60%).
Reducir la brecha que tiene el país en cuanto al escaso acceso a crédito de su población es uno de los desafíos más importantes en aras de lograr tener un país competitivo. El hecho que en el Caribe colombiano solo el 24% de la población acceda a créditos, lleva a condenar al 76% restante a que se mantengan atrapadas en ese ciclo en el que no pueden mejorar sus condiciones de vida porque no tienen cómo financiar cambios importantes en sus viviendas, en sus parcelas ni mucho menos en sus negocios.
Tesis del artículo
El capítulo “Enfoque territorial de la inclusión financiera” expone dos mensajes clave: el primero es que la inclusión financiera no puede reducirse únicamente a la apertura de cuentas bancarias, esta debe centrarse en facilitar el acceso efectivo al crédito, que es la que permite radicalmente que las personas puedan invertir, crecer y transformar sus condiciones de vida; el segundo es que ese acceso al crédito debe ser una prioridad en los territorios más excluidos del país, donde las barreras geográficas, económicas e institucionales siguen impidiendo que la financiación llegue a quienes más la necesitan.
Tener una cuenta sin poder acceder a un préstamo es como tener una llave que no abra ninguna puerta: no cambia las oportunidades de las personas. La verdadera transformación para Colombia está en garantizar que más personas (campesinos, pequeños negocios, hogares) en regiones como la costa Caribe, puedan acceder a créditos justos de manera oportuna.
Sin estos, la desigualdad seguirá creciendo y millones de colombianos quedan condenados a sobrevivir, pero sin posibilidades reales de progresar.
Casos de éxito: Brasil e India
El artículo expone también casos de países que han tenido resultados muy positivos en términos de acceso al crédito y su focalización en la población más vulnerable. Brasil es el caso más representativo en América Latina. Su sistema de pagos inmediatos, PIX, permitió que más de 40 millones de personas hicieran su primera transferencia digital, lo cual sirvió también para la generación de datos sobre usuarios que antes no existían para el sistema financiero y, consecuentemente, les permitió luego acceder a créditos por primera vez.
India fue más allá al construir una infraestructura pública digital llamada India Stack, que integra datos biométricos, financieros y comerciales para facilitar el acceso al crédito. Esto ha sido clave para mipymes y agricultores que ahora pueden demostrar su actividad económica con información distinta al historial crediticio tradicional.
Además, plataformas como AgriStack y OCEN han transformado sectores enteros al conectar productores con prestamistas y servicios. Asimismo, el Reino Unido ha liderado con políticas de open finance, permitiendo que empresas y bancos compartan datos para crear soluciones conjuntas.
Un ejemplo concreto fue el de Vodafone, que, al integrar datos bancarios con beneficios sociales, logró ofrecer tarifas especiales a usuarios vulnerables, sin procesos burocráticos ni demoras.
Conclusiones
La inclusión financiera en Colombia solo será real cuando el acceso al crédito deje de estar concentrado en unos pocos y se convierta en una herramienta al servicio de todos los territorios.
El artículo elaborado por el BID y Asobancaria deja claro que no basta con que las personas tengan una cuenta o una aplicación bancaria: lo verdaderamente transformador es que puedan acceder a financiación para invertir en su vida, su trabajo y su bienestar. Esto requiere, obligatoriamente, un enfoque territorial que reconozca las brechas reales entre el campo y la ciudad.
Experiencias como las de Brasil, India y el Reino Unido demuestran que con datos, tecnología y voluntad política es posible visibilizar a quienes hoy están excluidos del sistema financiero y diseñar soluciones a su medida.
Colombia ya cuenta con los primeros avances, pero necesita dar el siguiente paso: conectar la inclusión financiera con el desarrollo de sus regiones. Sin crédito para los territorios, no habrá igualdad de oportunidades ni crecimiento sostenible.
Autor: Camilo Quiroz Hinojosa.
