ECONOMÍA

El ministro de Hacienda explicó la razón para decretar la emergencia económica

Para The Economist Colombia destaca como la única economía latinoamericana dentro del top 10 y como una de las pocas economías emergentes en el 2025.

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Ministro de Hacienda, Germán Ávila.

Ministro de Hacienda, Germán Ávila.

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Los principales indicadores económicos del país enseñan un panorama bastante alentador, en el que la inflación disminuye, el precio del dólar se mantiene estable, aumentan el turismo y las exportaciones se diversifican, disminuye el desempleo a un digito, la pobreza se reduce marcando un hito histórico, aumentan el salario mínimo y la inversión en educación y pensiones, y según la reconocida revista británica The Economist, la economía colombiana es la cuarta mejor del mundo por su equilibrio entre crecimiento, estabilidad de precios y mercado laboral en el 2025. Sin embargo, aunque la economía nacional creció 3,4%, ubicándose por encima del promedio de las economías avanzadas incluidas en el estudio, el hueco presupuestal de 16,3 billones de pesos y las deudas que el país arrastra de gobiernos anteriores con intereses elevados, obligaron al Gobierno nacional a decretar la emergencia económica para garantizar la estabilidad financiera y la inversión social propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 en aras de la equidad y la justicia social.

Al cierre de diciembre, el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, explicó las razones que llevaron a declarar la emergencia económica, una medida orientada a recuperar e incrementar los ingresos de la nación para preservar la estabilidad macroeconómica y fiscal del país, luego de que el Congreso negara la Ley de Financiamiento.

El ministro señaló que, ante este escenario adverso, el Gobierno enfrentó una decisión clave: incrementar el endeudamiento o fortalecer los ingresos tributarios. Asimismo, sustentó que se escogió la opción más sana y razonable: ampliar los ingresos de las finanzas públicas a través de la tributación, ya que esta alternativa permite responder a las obligaciones del Estado sin comprometer la sostenibilidad fiscal.

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