La Contraloría Municipal de Valledupar, en cabeza de Angélica Olarte, abrió una actuación especial de fiscalización en la que constató que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) no ha entregado al municipio un área de 58.257 metros cuadrados que debían destinarse a uso público desde hace más de 25 años.
De acuerdo con la licencia de urbanismo y construcción otorgada en abril de 1999 para el proyecto de la ‘Nueva Cárcel de Valledupar’, el Inpec estaba obligado a ceder cerca de seis hectáreas para zonas verdes, parques, control ambiental, vías locales y peatonales. Sin embargo, pese a que la cárcel fue construida y puesta en funcionamiento hace más de dos décadas, esa cesión no se ha materializado.
El caso salió a la luz gracias al abogado y veedor ciudadano Daniel Daza, quien encontró la licencia original y emprendió una acción popular para que tanto el Inpec como la Alcaldía de Valledupar reconozcan el incumplimiento y se recupere el patrimonio público.
