El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar determinó sancionar con tres días de arresto al alcalde Ernesto Orozco Durán. La medida surge como respuesta al incumplimiento de las órdenes establecidas en la Sentencia T-946 de 2011, enfocadas en garantizar el derecho a la vivienda de la población desplazada que ocupa el predio La Sabana 1.
En este terreno se ubican las invasiones Brisas de La Popa, Guasimales, Altos de Pimienta y Bello Horizonte 2, las cuales, según datos de la administración municipal, albergan a más de 30.000 personas.
La resolución judicial detalla que, si bien la administración local intentó comprar los lotes y dialogar con los dueños, estas acciones se quedaron en planes sin un respaldo financiero ni un acuerdo de negociación real. Al no concretarse la compra, la Alcaldía retomó el proceso y fijó el 31 de agosto de 2026 para realizar la diligencia. Sin embargo, a mediados de julio, las propias dependencias municipales admitieron en una mesa técnica que no tenían los recursos técnicos, logísticos ni humanitarios para ejecutar la intervención de manera segura en la fecha programada.
