Ante la expansión y consolidación de estructuras armadas ilegales que generan desplazamiento forzado en el Cesar, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, realizó una visita humanitaria al corregimiento Makumake-Rioseco, de Valledupar, para verificar la situación del pueblo indígena kankuamo debido a las amenazas de grupos armados ilegales en sus territorios.

Mediante la alerta temprana 026 de 2021, la Defensoría había  advertido al resguardo indígena kankuamo sobre esos escenarios de riesgo debido a amenazas, circulación de panfletos apócrifos que utilizan las siglas de grupos armados ilegales e incluso la misma incineración de kankurwas o centros ceremoniales.

Inclusive, el Sistema de Alertas Tempranas, SAT, de la Defensoría del Pueblo también describe que han ocurrido patrullajes por parte de hombres que a veces son vistos vestidos completamente de negro y en otras ocasiones portando prendas de uso restringido y que portan armas cortas y largas.

“Vinimos a Makumake para hablar directamente con el pueblo indigena kankuamo y manifestar nuestro respaldo para hacer seguimiento a las vulneraciones de situaciones que habíamos advertido en la alerta temprana”, dijo Camargo. 

Junto con la comunidad de Makumake-Ríoseco, Camargo escuchó la situación que afrontan y se comprometió con el envío de requerimientos y reuniones con las autoridades civiles y de fuerza pública para que actúen de manera rápida y efectiva en su protección.

Especialmente, por el alto riesgo en el que se encuentran las comunidades de Murillo, Rioseco, Ramalito, Los Haticos, Rancho de la Gota, Mojao, La Mina, Pontón, Las Flores, Atánquez, Chemesquemena y Guatapurí, pertenecientes al pueblo kankuamo, en jurisdicción de Valledupar.

“Seguimos haciendo monitoreo a las recomendaciones para lograr la garantía de los derechos de este pueblo indígena y exhortamos a las autoridades a que revisen y acaten las recomendaciones que hemos hecho para lograr la garantías de los derechos de las comunidades”, aseguró Camargo.

ALERTA ESTRUCTURAL 

Defensor del Pueblo dijo además que se encuentran en la construcción de una alerta estructural para las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta con el fin de que se pueda reforzar el trabajo articulado de la institucionalidad del Estado antes los escenarios de riesgo actual, por el proceso de expansión y consolidación de estructuras armadas, que generan desplazamiento forzado en el departamento.

“Con nuestros equipos de la Regional Cesar y de la delegada para los Asuntos Étnicos seguiremos acompañando las preocupaciones de la comunidad en relación con los riesgos manifestados por la comunidad”, puntualizó el Defensor del Pueblo.

Por su parte, el secretario general del pueblo kankuamo, Iván Adolfo Lúquez Mindiola, agregó que esta alerta estructural permitirá avanzar en una agenda de coordinación para atender esta situación de vulnerabilidad de derechos humanos de la comunidad indigena. 

“Elevar a un carácter estructural la alerta temprana de inminencia expedida anteriormente nos va a permitir darle mayor fuerza jurídica y además atender con mayor celeridad la situación que estamos atravesando como pueblo kankuamo”, sostuvo Lúquez Mindiola. 

CIFRAS 

En el departamento del Cesar hay al menos 45.403 víctimas de desplazamiento forzado. En el año 2021 y lo corrido del 2022 se han presentado desplazamientos individuales de los municipios de La Paz, La Jagua de Ibirico, Manaure Balcón del Cesar, Astrea, Chimichagua, Pailitas, Pelaya y Tamalameque.

Así mismo, en las regiones sur y occidente del Cesar se presentaron, durante 2021 y lo que va de 2022, acciones de grupos armados ilegales como el ELN, el EPL, los Pelusos y las AGC-Clan del Golfo.

LÍDERES SOCIALES 

Por último, la Defensoría del Pueblo extendió la advertencia    en todo el departamento del Cesar sobre la reiterada situación de riesgo a la que están expuestos los líderes sociales y de forma particular se observa la preocupación sobre el incremento en los casos de homicidio contra líderes comunales, indígenas, afrodescendientes y campesinos.

En este caso, la entidad rechazó y pidió aclarar el crimen en contra del líder y reclamante de tierras José Luis Quiñónez, quien fue asesinado en Tamalameque.

KAREN LILIANA PÉREZ / EL PILÓN

@karenperezcol