Por segunda vez consecutiva durante su periodo administrativo, el alcalde de Curumaní, Henry Chacón Amaya, se apartó del cargo mediante un permiso no remunerado por el proceso en que es investigado de direccionar el asesinato de la concejal Ana Cristina López Moreno, ocurrido el 26 de noviembre del año 2003 en ese mismo municipio. 

El mandatario nuevamente es requerido  por las autoridades para que cumpla con una medida de aseguramiento intramural endilgada bajo el antiguo sistema penal. Esta había quedado sin efectos por un hábeas corpus que había interpuesto la defensa del burgomaestre tras permanecer  privado de la libertad por más de 10 días en la Cárcel Judicial de Valledupar.

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Sin embargo, ahora fue declarado improcedente, colocando otra vez en la ‘mira’ de las autoridades al mandatario.  En ese sentido, asignaron como alcalde encargado de Curumaní a Jhonatan Cano, el secretario de Planeación de esta localidad del Cesar.  

EL PILÓN conoció que ahora Chacón Amaya está a la espera de que se resuelva la impugnación que su abogada Deysi Esther Oliveros colocó en contra del fallo de hábeas corpus, emitido por un juzgado de conocimiento de Valledupar con fecha del pasado 12 de marzo. 

EL PROCESO

El alcalde Henry Chacón  está siendo procesado con la Ley 600 del 2000 por los posibles delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida.

Para la Fiscalía 15 de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales, Decoc, el dirigente político motivó la muerte de la cabildante Ana Cristina López Moreno por sus actividades políticas.

López de Moreno, de 60 años, fue asesinada en horas de la mañana por hombres armados que llegaron hasta su finca en zona rural de Curumaní. Los sujetos que hacían parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, la sacaron del predio y la mataron de varios disparos.

Sobre estos hechos, el alcalde tiene en su contra las declaraciones de unos desmovilizados de las  AUC del frente Resistencia Motilona del Bloque Norte que delinquían en el centro del Cesar. No obstante, en una reciente entrevista con EL PILÓN el alcalde afirmó que esos testimonios eran falsos.

“Cómo es posible que un fiscal me da orden de captura conociendo a los testigos que hacen parte de mi proceso, los mismos testigos del exalcalde de Pelaya, Marco José Gutiérrez, condenados por un juez en febrero de 2019 por falsos testigos, y que fueron pruebas trasladadas del proceso de Henry Chacón, de Miguel Durán, de Alexander Toro, donde  el juez determinó que eran falsos testigos y los condenó y les quitó los beneficios de Justicia y Paz”, afirmó Chacón Amaya.

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Consideró, además, que no existían pruebas en su contra y que el pleito era sesgado porque cada vez que está en ejercicio de la política lo traen a colación.  Así las cosas, el proceso se ha convertido en el ‘talón de Aquiles’ del mandatario que en repetidas oportunidades ha tenido que alejarse del cargo como alcalde mientras resuelve su situación jurídica.

En años anteriores, por ejemplo, estuvo un tiempo prófugo de la justicia por una orden de captura que la Fiscalía le libró el 27 de junio de 2014 por ese mismo proceso.