Los implicados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad en documento público, falsedad en documento privado, fraude procesal, destrucción, supresión u ocultamiento de documento público y destrucción, supresión u ocultamiento de documento privado.
Ante el Juzgado Tercero Penal Mixto de Conocimiento, la Fiscalía culminó la formulación de acusación en contra de los señalados de orquestar el famoso ‘Cartel de la Chatarrización’ con el que aparentemente se apropiaron de recursos públicos en Valledupar.
Entre estos está el exasesor jurídico y exconcejal Leonardo Mestre Socarrás, la exfuncionaria Ingrid Yusilmy Hinojosa Gutiérrez y los ciudadanos Fabián Zuleta Torres, Luis Eduardo Retamoso Marriaga, Omar Antonio López, Luz Mabel Jácome Bastidas, Nathalia Rosa Gómez Polo y José Vicente Ustáriz Quintero, quienes se han declarado inocentes de los cargos.
Asimismo es procesado el exsecretario de Tránsito municipal Oscar Miguel Tom Socarrás, sin embargo, a él ya le habían formulado acusación el año antepasado.
La Fiscalía 5 seccional, durante la diligencia desarrollada la mañana del viernes, manifestó que tiene suficiente material probatorio que dan cuenta de los documentos que presuntamente falsificaron para someter a los automotores al procedimiento de desintegración expedido por el Gobierno nacional a cambio de grandes sumas de dinero.
Las irregularidades se habrían registrado en más de 50 carros que no cumplían con las exigencias para ser sometidos a chatarrización, como por ejemplo que estuvieran registrados en el Runt, que estuvieran activos en la prestación de servicio, libre de gravámenes, tener un peso de 10.500 kilogramos, no ser volqueta, ni vehículo compactador blindado para transportar valores o recolectores de basura, que no haya sido modificado a partir del 1 de enero de 2008 y tener una antigüedad no menor a 25 años.
Todo para aparentemente conseguir las compensaciones que daba el Gobierno, las cuales variaban de acuerdo a las características del vehículo entre $35, $50 y hasta $70 millones de pesos, debido a que la estrategia estaba orientada a modernizar el parque automotor de carga y sacar de circulación los carros viejos y obsoletos que generaban contaminación.
Así las cosas, el fiscal Johan Ustáriz los llevará a juicio por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad en documento público, falsedad en documento privado, fraude procesal, destrucción, supresión u ocultamiento de documento público y destrucción, supresión u ocultamiento de documento privado.
Sin embargo, el abogado Antonio Luis González, representante del exconcejal Leonardo Mestre Socarrás, interpuso un recurso de nulidad al considerar que se había violado el principio de legalidad procesal porque no había congruencia entre la imputación y formulación acusación.
Además, alegó que el ente había incluido la descripción de 13 vehículos que no tendrían que ver con el marco fáctico jurídico, es decir, los hechos relevantes investigados.
Los demás abogados defensores, Benjamín Jaimes Quintero, Diego Londoño, Leonardo Daza, William Mejía Musa, entre otros, apoyaron los argumentos del anterior colega.
Los implicados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad en documento público, falsedad en documento privado, fraude procesal, destrucción, supresión u ocultamiento de documento público y destrucción, supresión u ocultamiento de documento privado.
Ante el Juzgado Tercero Penal Mixto de Conocimiento, la Fiscalía culminó la formulación de acusación en contra de los señalados de orquestar el famoso ‘Cartel de la Chatarrización’ con el que aparentemente se apropiaron de recursos públicos en Valledupar.
Entre estos está el exasesor jurídico y exconcejal Leonardo Mestre Socarrás, la exfuncionaria Ingrid Yusilmy Hinojosa Gutiérrez y los ciudadanos Fabián Zuleta Torres, Luis Eduardo Retamoso Marriaga, Omar Antonio López, Luz Mabel Jácome Bastidas, Nathalia Rosa Gómez Polo y José Vicente Ustáriz Quintero, quienes se han declarado inocentes de los cargos.
Asimismo es procesado el exsecretario de Tránsito municipal Oscar Miguel Tom Socarrás, sin embargo, a él ya le habían formulado acusación el año antepasado.
La Fiscalía 5 seccional, durante la diligencia desarrollada la mañana del viernes, manifestó que tiene suficiente material probatorio que dan cuenta de los documentos que presuntamente falsificaron para someter a los automotores al procedimiento de desintegración expedido por el Gobierno nacional a cambio de grandes sumas de dinero.
Las irregularidades se habrían registrado en más de 50 carros que no cumplían con las exigencias para ser sometidos a chatarrización, como por ejemplo que estuvieran registrados en el Runt, que estuvieran activos en la prestación de servicio, libre de gravámenes, tener un peso de 10.500 kilogramos, no ser volqueta, ni vehículo compactador blindado para transportar valores o recolectores de basura, que no haya sido modificado a partir del 1 de enero de 2008 y tener una antigüedad no menor a 25 años.
Todo para aparentemente conseguir las compensaciones que daba el Gobierno, las cuales variaban de acuerdo a las características del vehículo entre $35, $50 y hasta $70 millones de pesos, debido a que la estrategia estaba orientada a modernizar el parque automotor de carga y sacar de circulación los carros viejos y obsoletos que generaban contaminación.
Así las cosas, el fiscal Johan Ustáriz los llevará a juicio por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad en documento público, falsedad en documento privado, fraude procesal, destrucción, supresión u ocultamiento de documento público y destrucción, supresión u ocultamiento de documento privado.
Sin embargo, el abogado Antonio Luis González, representante del exconcejal Leonardo Mestre Socarrás, interpuso un recurso de nulidad al considerar que se había violado el principio de legalidad procesal porque no había congruencia entre la imputación y formulación acusación.
Además, alegó que el ente había incluido la descripción de 13 vehículos que no tendrían que ver con el marco fáctico jurídico, es decir, los hechos relevantes investigados.
Los demás abogados defensores, Benjamín Jaimes Quintero, Diego Londoño, Leonardo Daza, William Mejía Musa, entre otros, apoyaron los argumentos del anterior colega.