El excomandante del Batallón de Artillería Nº2 La Popa de Valledupar, coronel(r) Plubio Hernán Mejía Gutiérrez, enfrentará un juicio ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, por no reconocer su responsabilidad en el asesinato de 75 personas que fueron presentadas como bajas en combate en el norte del departamento del Cesar y el sur de La Guajira.    

Así quedó establecido luego de que la Sala de Reconocimiento decidiera trasladar su expediente a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, la cual hace el papel de ente acusador.

Del año 2002 al 2003 se presentaron como resultados operacionales legítimos los asesinatos y desapariciones forzadas de personas señaladas de pertenecer a las guerrillas, en medio de una alianza criminal entre militares y paramilitares.  

En consecuencia, el pasado 7 de julio, la JEP declaró como máximos responsables a 15 miembros del Ejército, entre los que había dos coroneles, tres mayores, dos subtenientes, un sargento viceprimero, un cabo tercero y tres soldados, señalados de por lo menos haber participado en 127 ejecuciones extrajudiciales. 

Sin embargo, al coronel Plubio Hernán Mejía lo responsabilizaron de 75 muertes sucedidas cuando él era el comandante del Batallón La Popa, ubicado en la capital del Cesar. 

“La Sala de Reconocimiento determinó que el coronel (r) Mejía tuvo liderazgo y contribuyó de manera esencial en el diseño y la implementación del plan macrocriminal encontrado por la Sala, por la conformación y dirección de la organización criminal que se creó dentro del Batallón La Popa, dedicada a la comisión de asesinatos y desapariciones que fueron presentadas como bajas en combate, y por la alianza establecida con grupos paramilitares de la que se valió dicha organización”, consideró la JEP. 

En ese sentido, le imputaron a Mejía Gutiérrez los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, que no aceptó. 

El coronel (r) ha catalogado los testimonios en su contra como “descabellados” y “criminales versiones” que faltan a la verdad. No obstante, tiene firmado un acta de compromiso y sometimiento con la JEP que le sirvió para que fueran anuladas todas las sentencias que tenía en su contra en la justicia ordinaria. 

Uno de los fallos de segunda instancia tumbados fue el proferido el 14 de marzo de 2019 por el Tribunal Superior de Bogotá mediante el cual condenaron al oficial a una pena de 19 años de prisión por nexos con paramilitares y ejecuciones extrajudiciales.

Por las investigaciones, Mejía estuvo recluido en la Cárcel La Picota de Bogotá hasta que en noviembre de 2017 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó su libertad, ya que logró cumplir con todos los requisitos para ingresar a la JEP.