En  los  últimos días, el debate en el país se ha centrado en la polémica contratación del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, TIC. Y es que dentro del proyecto que pretendía conectar a  internet a 10.000 sitios del país, principalmente instituciones de educación de zonas rurales, se contrató $1,07 billones con la Unión Temporal Centros Poblados.

Sin embargo, en junio de este año, el Ministerio presentó una denuncia por presunta falsedad contra la empresa Unión Temporal Centros Poblados, tras conocerse información que puso en duda la autenticidad de la garantía única de cumplimiento entregada por el contratista. 

El representante legal de  dicha Unión Temporal es Luis Fernando Duque Torres. Junto a él, la unión la conforman la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, con el 35 %; ICM Ingenieros S.A.S., 35 %; Intec de la Costa S.A.S., con 15 %, en este caso, con Hugo Armando Canabal Hoyos como cabeza visible; y Omega Buildings Constructura SAS, con el otro 15 %. 

Resulta que la cabeza visible de Intec de la Costa S.A.S., Hugo Armando Canabal Hoyos, es el representante legal del contratista al que le fue adjudicado el polémico contrato para terminar el CDT pesquero del Cesar, por un valor de $10,883 millones. 

CDT Y CUESTIONAMIENTOS

Canabal Hoyos es el representante legal del Consorcio Pesquero 2019. Esta obra ha sido fuertemente cuestionada porque no se han cumplido los plazos, y a pesar de los esfuerzos del gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, quien la contrató, no ha cumplido con sus objetivos.

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Hugo Armando Canabal Hoyos es un polémico contratista de la región Caribe, cuestionado principalmente en el departamento del Bolívar. En el caso del CDT pesquero, el consorcio que representa no ha podido cumplir con los tiempos y ya registró una adición de recursos.

La fecha del acta de inicio de la obra fue el mes de febrero de 2020 con un plazo de 9 meses.  Sin embargo, entre atrasos por la pandemia y errores en la planeación, la obra se terminaría en noviembre de este año.

Cabe recordar que el contrato de $10,883 millones ganado por  el Consorcio Pesquero 2019 tiene como fin terminar el CDT pesquero, al cual ya le habían invertido $21.439 millones. A este nuevo contrato ya le hicieron un acta de adición por $4.881 millones  el 6 de julio. 

¿SIN PÓLIZAS TAMPOCO?

Uno de los escándalos que llevó al Ministerio de las TIC a pedir la caducidad del contrato fue que, al parecer, el contratista había presentado unas pólizas de seguros falsas. En el  caso del CDT, en un debate realizado en la Asamblea del Cesar, la diputada Claudia Margarita Zuleta cuestionó que el contrato se había reiniciado a pesar de que el contratista tenía dos pólizas vencidas. 

Se trata de los amparos o seguros por concepto de ‘Buen manejo del anticipo’,  que según documentos entregados por la Gobernación tenía vigencia hasta el 30 de abril de 2021, y el reinicio del contrato fue firmado el 6 de julio de 2021. En iguales condiciones estaba el seguro por concepto de Cumplimiento de contrato, el cual perdía vigencia el mismo 30 de abril.

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Contrario a esto, la secretaria de Infraestructura, Esther Mendoza, señaló que los papeles están en regla. ¿Estaban vigentes  las pólizas al momento del reinicio?, preguntamos a la funcionaria, la cual señaló: “Todas las pólizas están vigentes. Todo está en los tiempos normales”. 

Sobre la terminación de la obra, la funcionaria señaló que tienen un plazo de 4 meses a partir del 6 de julio, y con la adición presupuestal el avance es del 66 %. 

¿Cumplirán el plazo? “Confiando en Dios así será. Sabemos que se pueden presentar inconvenientes normales en las obras, ya que no es una fórmula matemática exacta. Hasta el momento vamos bien”, agregó.

TERRENO AJENO

Según la diputada Claudia Margarita Zuleta, el CDT es una obra construida en un predio ajeno, propiedad de la Universidad Nacional de Colombia, la cual en un oficio le indicó que “no ha enajenado el bien en cuestión, ni parte del mismo”.

Por: Redacción EL PILÓN