Estudiantes de la Universidad Popular del Cesar, UPC, denunciaron que José Sierra Lafaurie, quien fue designado como rector encargado de la UPC y luego el Consejo de Estado declaró la nulidad de su designación, sigue desempeñando sus funciones como rector de esta alma máter.
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Los denunciantes aseveraron que Sierra se reunió el pasado lunes con el comité de contratación para adjudicar el contrato de aseo y vigilancia de la institución, el cual supera la suma de $4.000 millones.
De acuerdo con Karen Márquez, estudiante de la UPC, es inaudito que Sierra continúe adelantando acciones financieras dentro del alma máter cuando la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado declaró la nulidad del Acuerdo 027 del 19 de noviembre de 2020, proferido por el Consejo Superior, mediante el cual se designó a Sierra.
“Ya se declaró nula su designación y él continúa liderando procesos dentro de la universidad, y es algo que sinceramente nosotros como estudiantes no entendemos, ¿cuándo será efectivo su retiro de la UPC? Estamos cansados de que los rectores encargados hagan lo que quieran con la universidad y no hay quién los detenga”, comentó
El Consejo de Estado dentro de los argumentos para declarar la nulidad de la designación de José Sierra Lafaurie, aseveró que la convocatoria a la sesión extraordinaria para su designación fue remitida a través de un correo electrónico, cuando el reglamento interno del Consejo Superior Universitario establece que las convocatorias a sesiones ordinarias y extraordinarias se deben hacer través de la Secretaría del Consejo Superior Universitario.
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El fallo también precisó que otra de las irregularidades que ponen en duda la legalidad de la sesión del 19 de noviembre, es que la citación fue realizada con menos de 24 horas de antelación para ser desarrollada de forma presencial en la Gobernación del Cesar.
VOZ DE LA UPC
Al respecto de las denuncias de los estudiantes, autoridades de la UPC aseveraron que hasta que no sea ejecutada la sanción del Consejo de Estado, José Sierra Lafaurie puede seguir haciendo uso de sus funciones como rector encargado de esta alma máter. La institución precisó que si Sierra no cumple con sus funciones hasta que se ejecute dicho fallo “le pueden declarar abandono de cargo”.
Fuentes de la universidad cercanas al rector agregaron que los procesos que ha sostenido Sierra tenían fechas estipuladas con anterioridad y él se ha encargado de cumplir los compromisos mientras el Consejo Estado ejecuta el fallo.
¿AUMENTO DE LOS PRECIOS?
Siguiendo la misma línea de denuncias, Tania Baute, egresada del programa de Derecho de esta alma máter, aseveró que los egresados, como requisito obligatorio, deben realizar una serie de seminarios para poder obtener el título de abogados, sin embargo, más de 100 estudiantes están sufriendo inconvenientes debido a una presunta alza en el costo de los seminarios.
“Los seminarios los subieron de precio hace unos días. Incluso un solo seminario cuesta casi 1 millón de pesos, estos precios son abusivos porque son cinco seminarios que nos toca presentar de manera obligatoria para egresar en regla. Esta problemática no solo me está afectando a mí y a los que estamos por graduarnos, sino que también a los que están cursando el programa de Derecho”, comentó.
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De acuerdo con la información suministrada por los denunciantes, para el primer semestre del 2021 los valores de los seminarios aumentaron cada uno aproximadamente en $200.000. El Seminario de Derecho Laboral y el de Derecho Penal tienen un valor de $545.000; Seminario de Derecho Privado I, $909.000; Seminario de Derecho Privado II, $727.000; y el Seminario de Derecho Público, $909.000.
Según los estudiantes, para que un egresado del programa de Derecho pueda recibir su título de abogado, además de la judicatura, debe tener a la mano la suma de $3.635.000, que es el monto total de los cinco seminarios.
Por: Namieh Baute Barrios / EL PILÓN.