Con un acto especial, donde la música estuvo a cargo de la Orquesta Filarmónica del Cesar, la Universidad Nacional recibió la que a partir de ahora se convierte en la sede La Paz, obra que se construyó con $62.000 millones, producto de las regalías.
La Gobernación del Cesar tardó cuatro años, 11 meses, 17 días para entregarse a las directivas del centro universitario más importante del país y que además es una de las mejores universidades del mundo y de Latinoamérica.
“Este es el fruto de voluntades de varias administraciones, que le brindará un enorme beneficio a la población civil, especialmente a la de escasos recursos. Desde la creación del Cesar como departamento no se generaba un hecho de tanta envergadura”, declaró el gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita, durante el discurso de bienvenida a las directivas, congresistas de la región, veedores ciudadanos y público en general, quienes asistieron al acto de entrega organizado por la administración departamental y que no contó con presencia de altos funcionarios del Gobierno Nacional.
Ovalle Angarita resaltó que de 12.000 bachilleres que anualmente salen preparados desde las instituciones educativas del departamento, solo el 35 % tiene acceso a la educación superior, así que con la creación de la Universidad Nacional los sueños de los cesarenses se materializarán desde las aulas.
“Vemos materializado este sueño; encontramos en 2016 el proyecto con una ejecución del 17 % y por eso quiero destacar el sacrificio y trabajo de Federico Martínez, secretario de Infraestructura del departamento, así como del excontralor Edgardo Maya Villazón, quien conformó la veeduría ciudadana que nos ayudó a sacar el proyecto adelante”, resaltó el gobernador del Cesar.
La sede La Paz se convierte en la número nueve de la Universidad Nacional, sumándose así a Bogotá, Medellín, Manizales, Orinoquía, Amazonía, Caribe, Palmira y Tumaco. Tiene como objetivo beneficiar a estudiantes del área de influencia de departamentos como Cesar, La Guajira y Magdalena.
“Hoy el complemente de esta obra está siendo generado bajo el urbanismo, las áreas comunes, que le garantizarán la funcionalidad y para que a partir del mes de octubre podamos iniciar la convocatoria especial, para el departamento del Cesar, para los 25 municipios, y en noviembre sean admitidos los estudiantes que ingresarán a partir de enero de 2019. Aspiramos que en esta primar fase ingresen 280 a 300 estudiantes, con el Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (Peama), que son los programas de esta convocatoria; de ahí en adelante se le da vía jurídica a esta universidad”, indicó Francisco Ovalle Angarita.
¿Cómo arrancará?
La rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya Castaño, fue directa con las autoridades administrativas y políticas del Cesar al decir que solamente habrá contratación y habilitación de un currículo de programas, cuando se destinen recursos por el orden de los $20.000 millones.
Montoya Castaño destacó al Cesar como un “terreno fértil para desarrollar bieconomía”, por medio de “jóvenes integrales, agentes de cambio éticos con consciencia social que sean autónomos a la hora de tomar decisiones”.
Valoró el esfuerzo de la Gobernación del Cesar, que hace más de nueve años pidió la autorización para la construcción de esta nueva sede. Asimismo advirtió que trabajara con la Universidad Popular del Cesar para “crecer juntos”.
“Es una iniciativa que consideramos orgullo de nuestra institución y de los cesarenses, también de nuestra región Caribe colombiana. Hoy (ayer), la Universidad Nacional recibe con entusiasmo de manos de la Gobernación su sede; desde aquí construiremos conocimiento, para que beneficie el desarrollo de una sociedad, más equitativa y más inclusiva”, relató Dolly Montoya Castaño.
Agregó que “esperamos inaugurarla pronto, cuando sea asignado el presupuesto para el nombramiento de los profesores”.
Así que por ahora, la Universidad Nacional sede De La Paz iniciará con un Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica, conocido como Peama, donde los estudiantes cesarenses se presentarán para aspirar a un cupo en sedes como Bogotá, Medellín, Manizales o Palmira.
“Los estudiantes del Cesar competirán entre ellos mismos, se seleccionarán 250 de ellos, para que el próximo semestre ingresen a las diferentes carreras de la Universidad Nacional de Colombia, mientras conseguimos el recurso para nombrar los profesores e iniciar nuestros programas curriculares en esta sede”, afirmó Montoya Castaño.
Reacción parlamentaria
La bancada parlamentaria del Cesar, liderada por senadores y representantes a la Cámara hicieron presencia en la entrega de las obras de la Universidad Nacional sede La Paz. Con excepción de Alfredo ‘Ape’ Cuello.
El senador José Alfredo Gnecco Zuleta declaró que la semana anterior se reunió con el director de Presupuesto a nivel nacional, Fernando Jiménez, quien le confirmó que ya están los recursos para la habilitación de esta sede de la Universidad Nacional.
“Esos recursos irán a la base de la Universidad Nacional, quedará establecido para que sea de la sede La Paz”, manifestó Gnecco Zuleta.
Para Didier Lobo Chinchilla, senador, “hay $8.000 millones presupuestados por parte de la Universidad donde se comenzará el cerramiento y la dotación; en el presupuesto que se aprobará este año se plantean los $20.000 millones para que entre a funcionar”.
El representante a la Cámara, Eloy Quintero Romero, se refirió a la importancia de esta sede porque “impulsará el desarrollo económico, eso nos abrirá espacio para los jóvenes, quienes se formarán para ser el futuro del país”.
Mientras que José Eliécer Salazar vislumbra la llegada de la Universidad Nacional como un fortalecimiento académico para el personal docente de la Universidad Popular del Cesar.
“Ahora viene lograr y hacer estrategias que permitan contar con los recursos económicos para que la Universidad se pueda mantener, nada hicimos si logramos la obra y no hay la plata para que funcione este sede de La Paz”, destacó el también representante a la Cámara, Cristian José Moreno.
Ejecución desfasada: Veeduría
La Gobernación del Cesar, tras superar tropiezos, como falta de planeación y utilizar el doble de tiempo estipulado en la contratación inicial, terminó la obra y lista para ser utilizada, reportó al contralor Edgardo Maya Villazón, el grupo integrado por el exgobernador del Cesar y abogado, Alfonso Araújo Cotes; los ingenieros civiles Emilio Araos Solano, Ernesto Altahona Suárez, Francisco Fuentes Acosta y Gustavo Gnecco Oñate, y el arquitecto Hernán Cabello Vega.
Según los veedores, la tarea no fue fácil dado que el programa de trabajo de la Veeduría siempre estuvo desfasado.
“Por lo expuesto anteriormente, esta Veeduría Ciudadana recomienda que la Universidad Nacional de Colombia, sin lugar a dudarlo podrá utilizar la sede de La Paz, iniciando actividades académicas en el primer semestre de 2019, citando a exámenes de admisión en la próxima convocatoria”, indica el documento enviado a Maya Villazón.
Los veedores precisaron que “en reunión de la Veeduría con el Delegado de la rectora de la Universidad y la Interventoría, sin la presencia de los contratistas, pero sí con la del secretario de Infraestructura, quedó claro que la obra está terminada 100 %”.
La finalidad de la veeduría era garantizar la terminación de la obra a través del seguimiento permanente de profesionales con idoneidad y amplia experiencia, explicó la Contraloría.
“El programa de trabajo siempre estuvo desfasado, solo una veeduría como la que usted conformó, con profesionales pertenecientes al sector de la construcción pudo conseguir que esta obra de tanta importancia no colapsara, y hoy podemos decirle al país que se encuentra construida en un 100 %, de acuerdo a las necesidades planteadas por la Universidad Nacional para su funcionamiento”, agrega el informe de la Veeduría.
Se hizo énfasis en dinamizar el flujo financiero del contrato, haciendo actas mensuales y en cada uno de los comités semanales se realizaron revisiones y aprobación de cantidades de obra ejecutadas, a fin de lograr dichas actas mensuales, por cuanto en el año 2017, solo se había suscrito un acta de avance parcial de la obra, lo cual produjo resultados positivos.
Se hicieron correcciones finales que iban desde revisión de luminarias, limpieza general en salones, humedad en cielo raso, instalación tapa inferior de puertas, en las aulas. En la cafetería se aplicaron detalles del mismo perfil, lo mismo que en biblioteca, laboratorios, stoas, servicios sanitarios y urbanismos.
El estado del proyecto fue presentado por la Veeduría Ciudadana en un cuadro a la Contraloría General de la República, en un comparativo que incluye la comparación entre el 28 de junio de 2017 y el 30 de julio de 2018: los retrasos más notables se visualizaban en aulas tipo 2, servicios generales, cafetería, acceso vehicular y peatonal, laboratorios, stoas, servicios sanitarios, urbanismo, instalaciones eléctricas, biblioteca, obras complementarias como pozo profundo y PTAP.
Proceso de la obra
El contrato de ejecución, con más tropiezos que éxito, fue puesto en marcha desde el 23 de agosto de 2013, con un plazo de terminación inicial de 18 meses, establecido por Luis Alberto Monsalvo Gnecco. La contratista fue la Unión Temporal Uninal Cesar, integrada por JV Ingenieria Ltda, Vera Construcciones Sucursal Colombia y Benjamín Tomás Herrera Amaya, que no cumplió.
La inversión para esta sede fue de la siguiente manera: inicialmente se destinaron $38.388.365.865, luego le adicionaron $13.318.449.313 y finalmente $4.800.000.000, para un total del contrato de $56.506.815.178. Más unos $6.000 millones destinados para interventorías.
¿Qué incluye?
La Universidad Nacional sede
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La Paz, en primera fase, contempla la construcción de 8.693 metros cuadrados y 86.000 metros cuadrados de obras de urbanismo. Se espera que beneficie a 2.400 estudiantes.
El proyecto contiene 26 aulas especializadas en Tecnología de la Información y Comunicaciones, las cuales tendrán capacidad para 40 personas; ocho laboratorios con capacidad para 20 personas cada uno; biblioteca que permitirá la estadía 130 personas; área administrativa para 60 puestos de trabajo.
El contrato de ejecución comenzó el 23 de agosto de 2013, establecido por el gobierno de Luis Alberto Monsalvo Gnecco.