Las comunidades y sindicatos del corredor minero del Cesar se encuentran preocupados por el posible riesgo de revocatoria de la Sentencia del 14 de septiembre de 2022 mediante la cual el Juzgado Séptimo Administrativo de Valledupar falló a favor de la acción de tutela instaurada por más de 14 comunidades, que venían exigiendo a la empresa Prodeco establecer una  mesa para tratar el plan de cierre de las minas a las que esta empresa renunció.

La sentencia le ordena a Prodeco y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, que en el próximo mes convoque a las personas y organizaciones para que participen en una mesa de diálogo en la que se presentará y discutirá el contenido del plan de cierre para determinar las obligaciones ambientales y sociales pendientes a cargo de la empresa Prodeco, debido a su renuncia, en julio de 2020, a continuar explotando las minas de carbón de La Jagua y Calenturitas.

Sin embargo las comunidades, en las últimas semanas, han venido denunciando presuntas irregularidades por parte de Predeco que, según ellos, van en contra del debido proceso y las buenas prácticas judiciales. 

“Lo que es un tema legal y que debería ser una obligación para esta empresa, se convirtió en un litigio judicial, ya que se negaba a socializar, por está razón, nos vimos obligados junto a diferentes organizaciones a acudir a la tutela para amparar este derecho, la cual ganamos en primera instancia”, dijo Enuar Vargas Medina, dirigente sindical de Sintracarbon seccional La Jagua de Ibirico. 

Vargas Medina agregó además: “Lo que se creía ya estaba subsanado, el Grupo Prodeco aduce nuevamente que va a revocar el fallo, argumentando que el juez debió notificar cada una de sus unidades de negocio que conforman el Grupo Prodeco, es decir, saboteando por segunda vez un fallo de tutela, que finalmente es una orden judicial. 

Asimismo, en un comunicado a la opinión pública las comunidades afectadas informaron que la empresa ha empezado a citar a las comunidades y sindicatos a procesos de socialización irregulares, sin las garantías que el juez ha exigido en la sentencia. “Esto con el fin de demostrar el cumplimiento con este proceso y cambiar el fallo”.  

Ante esta situación, se instauró una denuncia ante el Comité Disciplinario para que garantice una vigilancia judicial, “al saboteó que pretende realizar Glencore, para dilatar este fallo judicial”, indicó Vargas Medina. 

Entre tanto, un líder social de la zona, quien pidió reserva del nombre, manifestó que las comunidades están interesadas en conocer el nivel de cumplimiento de la licencia ambiental en lo relacionado con los deberes y obligaciones por parte Prodeco con los habitantes de los municipios mineros de la Jagua, el Paso y Becerril.

Finalmente, los voceros de las partes afectadas hacen un llamado a la multinacional a la unión para hacer un balance de lo ocurrido en los territorios a fin de lograr un gran plan de cierre de obligaciones que compense y restaure todos los impactos ocasionados.

KAREN LILIANA PÉREZ / EL PILÓN