La Junta de Acción Comunal del conjunto Colombia y la Asociación de Vendedores del Parque Algarrobillos en Valledupar manifestaron su preocupación por la situación irregular en el parque, en donde persiste un desorden en la concesión de permisos para ejercer actividades comerciales y la falta de instalación de medidores de energía, que impide iniciar el pago por uso de suelo y espacio público.
Desorden en el parque
Yaniris Mercado, presidenta de la JAC del conjunto Colombia, manifestó que desde hace semanas esperan que la Alcaldía y la Secretaría General cumplan con la organización del espacio, una promesa oficial que aún no se ha materializado. “Ellos están dispuestos a pagar la luz, a que le cobren un impuesto, que lo organicen. Porque igual la comunidad no quiere que se vayan… lo que no queremos es el desorden”, señaló.
Sin embargo, a pesar de la demora en organizar el parque y formalizar los negocios, continúan entregando permisos para nuevas actividades, con la condición de que no se deje nada permanente; pero este orden se ha incumplido. “Le dieron permiso a otra persona para ser estacionaria, pero el señor está construyendo, echando cemento, tomando cableado del alumbrado sin ningún control ni supervisión”. denunció Mercado.
Implicaciones legales y preocupación de vendedores
Orlando Salazar, presidente de los vendedores del parque, explicó que el secretario general de la Alcaldía, Guido Castilla González, está otorgando permisos sin exigir los requisitos legales establecidos en el Decreto 001010 de diciembre de 2022, lo cual ha generado inconformidad y sospechas de favoritismo político. “Él les pide permiso pero no está pidiendo los requisitos para concederlos”, afirmó Salazar.
Denuncian también que un vendedor que solicitó permiso para instalar una estructura vendió posteriormente su emprendimiento por 31 millones de pesos, a pesar de que la administración municipal ya había declarado el parque con capacidad saturada. “En reuniones lo hemos dicho, hay otros parques donde hay espacio, pero aquí ya no cabe más nadie”, agregó Salazar.
Protesta y acción ante incumplimientos
Frente a estas irregularidades, los vendedores realizaron una protesta pacífica este martes 2 de septiembre en el parque y presentaron un derecho de petición solicitando respuesta y claridad a la Secretaría General sobre los permisos otorgados y la supervisión del parque. También enfrentaron la problemática de un vendedor, identificado por la comunidad como Ramón Manosalva, que luego de recibir una orden de parar su obra por tirar cemento y utilizar la energía del parque en la construcción, ignoró la orden.
“Llegó la inspección de espacio público con arquitectos y le ordenaron parar la obra, pero hoy volvió a hacer caso omiso y seguimos en la espera de que las autoridades respondan”, declaró Salazar.
Indignación por retiro de kiosco
En contraste, la comunidad alza la voz por otra denuncia, originada por la remoción de un kiosco que una vendedora había pagado, pero que fue retirado por orden de la Alcaldía, sin que hasta el momento se le haya dado una solución o compensación, lo que ha aumentado el malestar entre comerciantes y residentes.
Salazar asegura que el pequeño comercio de una señora de la tercera edad fue removido y trasladado al terreno donde se ubica la Defensa Civil, y que este tiene un valor aproximado de seis millones de pesos. A pesar de haber elevado su inconformidad a la administración local, hasta el momento no han recibido respuesta ni atención alguna.
Respuesta pendiente del Secretario General
Hasta el cierre de esta edición, el secretario general de la Alcaldía de Valledupar, Guido Castilla González, no respondió a las solicitudes de información de este medio de comunicación sobre los permisos otorgados, el incumplimiento de requisitos legales y las operaciones irregulares en el parque.
La comunidad y vendedores del Parque Algarrobillos continúan en espera no solo de ser escuchados sino de una solución efectiva que permita la organización de sus negocios, el cumplimiento adecuado de las normas y la formalización del uso del espacio público, evitando así el crecimiento desordenado que afecta tanto a comerciantes como a vecinos.
Por: Katlin Navarro Luna/ El PILÓN
