Las empresas de transporte público legalmente formalizadas que operan en el Área Metropolitana de Valledupar hicieron un llamado de urgencia a las autoridades administrativas y de orden público para que intervengan y controlen la informalidad e ilegalidad y así no quebrar.
El llamado lo lideran desde Cootradipaz, la empresa de transporte público que opera en los municipios de Valledupar, La Paz y San Diego.
Orlando Ruíz, gerente de Cootradipaz, aseguró que durante 34 años la empresa ha operado en la región generando empleo y pagando impuestos, pero hoy están en riesgo de quebrar y tener que cerrar por la informalidad.
“Contamos con alrededor de 64 empleados que, en su mayoría, viven en San Diego, La Paz y Valledupar. Aportamos al progreso del departamento. No hemos sentido el apoyo por parte del Área Metropolitana y la Policía Metropolitana. Estamos sufriendo la ilegalidad e informalidad por parte de los taxistas de Valledupar. Como en Valledupar, el mototaxismo se ha llevado los clientes, los taxistas han migrado a ofrecer servicios intermunicipales, pero sin contar con el radio de acción ni pagar los derechos”, contó el gerente.
Sin el permiso requerido, los taxistas estarían ofreciendo servicios de transporte intermunicipales ante la disminución de los usuarios en la capital del Cesar por el crecimiento del mototaxismo y el mismo valor del servicio. Es decir, hay una cadena de afectaciones: los mototaxistas prestan un servicio ilegal que afecta a los taxistas y al SIVA, y algunos taxistas optaron por un servicio informal entre municipios que ha golpeado las finanzas de las empresas públicas autorizadas para dicho transporte.
“Que se legalicen”
Pero el mayor problema de las empresas legales no son los taxistas, sino los reconocidos “puerta a puerta”, que se refieren a esos conductores que deciden prestar el servicio de transporte entre municipios sin autorización.
Tomás Núñez, asesor jurídico de Cootradipaz, aseguró que no están en contra de la competencia, pero que sea en las mismas condiciones. “Nosotros pagamos nuestros impuestos por ley, y prestamos un servicio con cobertura de un seguro en caso de accidente. Eso no lo tienen los conductores informales. Por eso, y que no pagan otros impuestos, pueden ofrecer una tarifa mucho más baja. Listo, que presten el servicio, pero formalizados, pagando permisos, asegurando sus vehículos”.
Y agregó que la competencia desigual solo afecta el desarrollo de los municipios porque se reduce el pago de impuesto y generación de trabajo formal. Por eso, finalizaron, irían a las vías de hecho si las autoridades “no actúan contra la informalidad”. “No vamos a dejar que nuestra empresa se acabe. Si es necesario bloquear las vías, lo haremos, pero queremos proteger nuestros empleos”, señaló el gerente de la empresa.
