El 16 de febrero de 2013 la alcaldía ingenió una certificación que indicaba que los asentamientos llamados Enmanuel, Tierra Prometida, Guasimales, Brisas de La Popa, Bello Horizonte, entre otras invasiones se declaraban barrios subnormales, para que tuvieran, de manera temporal, la prestación del servicio de energía, con el fin de que dichas comunidades no permanecieran a oscuras, mientras se determina el proceso de legalidad de los terrenos o se establecen los albergues.
El Decreto 0111 del 20 de enero de 2012 instaura, a través del Ministerio de Minas y Energía, que la certificación de la subnormalidad de las invasiones debe expedirse cada año, por lo que a marzo de 2014 se venció dicho documento.
Por tal motivo, el miércoles 11 de junio del presente año la autoridades municipales, la empresa Energía Social y líderes de cada asentamiento se reunieron y firmaron unos compromisos en los que se determinó que este martes la administración estará expidiendo la certificación de los 30 barrios subnormales que tiene Valledupar -incluyendo el área rural que cuenta con 5 invasiones-, para que dichas familias vuelvan a la subnormalidad y así gozar de la energía.
Antecedentes
Las invasiones en la capital del Cesar o en cualquier parte del país han significado para las autoridades un problema social. En el 2012 Valledupar se ‘plagó’ de estos asentamientos debido a la necesidad de vivienda de miles de familias afectadas por el conflicto armado en esta región y de otras poblaciones del país que decidieron invadir dejando como tres predios más ocupados, a parte de los que existían.
En total, en la fecha se hablaba de 11 mil familias, entre víctimas y vulnerables, solicitando ayuda del gobierno para una vivienda digna. Sin embargo, esta solicitud parecía imposible, tanto así que no hay lugares ni siquiera para albergar a dichas personas.
El 16 de abril de 2013 la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional conoció la acción de tutela interpuesta por Nelly María Carrillo y otros, contra Acción Social, el Departamento del Cesar y el Municipio de Valledupar, en la que se indicaba que las entidades accionadas vulneraban los derechos a la dignidad humana y a la vivienda digna de los peticionarios, pues a pesar de su condición de personas desplazadas por la violencia, y de que serían desalojados del predio denominado La Sabana I, que ocupaban en el municipio de Valledupar, ya que estaba en curso un proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho iniciado por el señor Alberto Pimienta Cotes, propietario del inmueble, no se les había ofrecido ningún tipo de solución a sus problemas de vivienda.
La Tutela fue instaurada por la falta del cumplimiento de la sentencia T-946 de 2011 que fue proferida por la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional en la que se resolvió “ordenar al Alcalde de Valledupar que en el término de un mes, contado a partir de la notificación del presente auto, diseñe y remita a la Sala un plan específico en el que se indique las acciones y procedimientos que se adoptarán para reubicar y garantizar el derecho a la vivienda digna de las personas asentadas en el predio La Sabana I.
De igual modo, el fallo indica que deben establecerse las etapas en las que se van a ejecutar dichas acciones y procedimientos, y las fechas y plazos precisos en los que se cumplirán dicho procedimiento, hasta solucionar de manera definitiva el problema de casa que afecta a los ocupantes del predio mencionado”.
Y aunque poco se sabía sobre algún proceso iniciado por la administración municipal para ayudar a estas personas, EL PILÓN conoció, a través de la jefe de la oficina asesora jurídica de la alcaldía de Valledupar, Mery María Romero Mestre, que existe un documento que confirma la solicitud de un proceso de apoyo para brindar atención humanitaria inmediata a las víctimas del conflicto armado del Municipio, el cual fue allegado por la secretaría de gobierno.
“En este momento nos encontramos en estudio. La solicitud llegó a la oficina el 5 de junio de 2014, donde indica que se están haciendo los estudios pertinentes en los sectores donde se pretende ubicar el albergue, como lo dice la Ley 1510 de 2013, que exige una serie de requisitos” afirmó la asesora.
El proyecto está avalado en 325 millones 260 mil pesos exclusivos para ayuda humanitaria de víctimas del conflicto. En dicho escrito se aclara que para el 2013 la administración contrató el programa por un valor de 190 millones 500 mil pesos, el cual se encuentra estipulado en el contrato 379JL de 2013.
El contrato consta de: servicio de alojamiento y alimentación, organizado para atender a 80 mil personas víctimas del conflicto armado interno por un periodo de tres meses, quienes serán remitidos mediante una ficha diseñada para tal fin mediante supervisor del contrato.
La subnormalidad
Los asentamientos antes mencionados han causado cierto tipo de inconvenientes en las comunidades vecinas, donde, al parecer, las familias se han visto afectadas por la deficiencia de energía que se causa al momento de que los habitantes de los predios ajenos se conectan fraudulentamente a las redes eléctricas.
Hecho que también genera una gran pérdida económica a las empresas prestadoras del servicio de energía, por lo que la situación conllevó a Electricaribe a que solicitara a la administración municipal la subnormalidad de los asentamientos.
