Varios hechos de agresión física que han terminado en la muerte y daños personales por el robo masivo de celulares en el país, llevaron al Gobierno Nacional ha expedir el decreto 1630 de 2011 con el objetivo de atacar el hurto de teléfonos celulares y la venta de los mismos. La ley establece restricciones para la utilización de teléfonos celulares robados o extraviados en el país.
La medida traerá cambios en el consumo del servicio de telefonía, nuevas obligaciones para los vendedores de equipos y para los usuarios. El Decreto 1630 de 2011 se expidió para establecer normas que permitan restringir la utilización de celulares que han sido reportados como hurtados y/o extraviados en Colombia.
La venta de los celulares se restringirán en Colombia a través del IMEI, un número de identificación de 15 dígitos, el cual será asociado a un sólo número de identificación de una persona natural o jurídica. De esta manera, los celulares empezarán a hacer parte de la base de datos positiva que construyen los operadores, es decir, Tigo, Movistar y Comcel y que reúne la información de todos los aparatos activos.
Es así, como aquellos que son reportados como extraviados o hurtados pasaran a la base negativa y será inhabilitado. Una vez un celular sea reportado en esta base no podrá ser utilizado en ninguna de las redes de telecomunicaciones actuales.
¿Qué harán los que comercializan celulares?
Estas personas, según el Decreto 1630 del 2011 “tienen un plazo de dos meses, a partir de la expedición de la regulación por parte dela Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, para obtener autorización para la venta de celulares. Los que deberán cumplir algunos requisitos a la hora de inscribirse.
Los encargados de comercializar este medio de comunicación deberán exhibir el documento que lo autoriza como tal, con un número de identificación que lo certifica y legaliza.
