En Valledupar
La solución al problema de las invasiones en Valledupar parece estar cada vez más lejos, debido al fallo de la Corte Constitucional que obliga al municipio, a la Gobernación y al programa presidencial Acción Social a cumplir una serie de parámetros antes de realizar el desalojo, para proteger los derechos de las familias asentadas en las invasiones que hayan sufrido el desplazamiento.
Uno de los requerimientos de la Corte Constitucional para que se pudiera realizar el desalojo de las invasiones en Valledupar es la creación de unos alberques temporales antes de llevar acabo el desalojo, lo que se ha convertido en la piedra en el zapato de la Administración debido a que no existe un lugar adecuado, ni los recursos para adquirirlos.
Un desalojo costoso
Según el secretario de Gobierno Municipal, Carlos Felipe Quintero, la Corte exige que el municipio adecúe unos terrenos donde se puedan albergar a más de 2 mil familias que se encuentran en el predio conocido como Sabana Uno, también conocido como ‘Altos de Pimienta’ ubicados al noroccidente de la ciudad.
“Con relación a esto hay dos problemas que la administración municipal y departamental no han podido solucionar y tiene que ver con los albergues, ubicar a más de dos mil familias desplazadas que equivale a 12 mil personas le cuesta al Municipio cinco mil millones de pesos, a esto se le suma que Valledupar no cuenta con un terreno adecuado donde ubicar a estas familias de manera temporal y en las condiciones dignas que exige la Corte Constitucional”, explicó Quintero.
El funcionario explicó además, que la Administración ha hecho lo realizable teniendo en cuenta la situación financiera por la que atraviesa el Municipio, como la realización del censo de las familias; pero agregó que para invertir cinco mil millones de pesos en alberque es mejor construir viviendas para ubicar a las personas que se encuentran habitando en las invasiones de Valledupar, siempre y cuando cumplan con los requisitos de ley.
