Cuatro de los seis ciudadanos investigados por presuntamente conformar una estructura delincuencial denominada el ‘clan de Marquitos Figueroa’, que operaba en los departamentos del Cesar y La Guajira, estarían buscando quedar en libertad por vencimientos de términos ante los estrados judiciales de Valledupar.

Así quedó develado en la mañana de ayer, tras el fracaso de una audiencia preliminar por vencimiento de términos en el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de Control de Garantías, donde la defensa pretendía obtener respuesta a la solicitud de libertad para los incriminados Marco Francisco Figueroa Fonseca, Damiler Paul Corrales Figueroa, José Miguel Torres Cataño y Tirso Segundo García Márquez, quienes junto con el exalcalde de Maicao, Ovidio Mejía Marulanda y Arles Johan Amaya Brito, son acusados de los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego.

La petición por parte de los juristas se presentó la semana anterior bajo el criterio que a los procesados se les estaba vulnerando un derecho que presuntamente propicia su libertad, sin embargo, la solicitud el togado no la pudo resolver por la ausencia de un abogado que a última hora renunció y otro que no se presentó en el Palacio de Justicia. Lo que significa que para su cumplimiento estos tendrían que volver a pedir dicha diligencia, según fuentes cercana al caso.

De los incriminados solo el exalcalde de Maicao, Ovidio Mejía Marulanda, no está recluido en centro carcelario debido que el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con funciones de Control de Garantías de Maicao le revocó la medida de aseguramiento intramural.

ANTECEDENTES

El pasado 28 de septiembre la Fiscalía Especializada 21 de Bogotá, ante el Juzgado Especializado de esta capital, le formuló el escrito de acusación a los sindicados de aparentemente orquestar la célula criminal que operaba de la mano del considerado capo de La Guajira, Marcos de Jesús Figueroa García, alias ‘Marquitos Figueroa’.

Aunque la diligencia no pudo culminar ese día el despacho se abstuvo de darle nulidad a la actuación tal como la defensa lo había planteado.

Asimismo los abogados de los implicados solicitaron que el juzgado se declarara impedido para llevar la investigación que según su concepto y solicitud, debería estar en manos del Juzgado Especializado de Riohacha. Por lo tanto, la decisión quedó en manos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.