En un contexto marcado por la creciente preocupación sobre la situación de los habitantes de calle en Valledupar, EL PILÓN presentó un derecho de petición a la Secretaría de Gobierno del municipio, solicitando información sobre los avances en la política pública destinada a esta población vulnerable. La petición se basa en compromisos adquiridos por la Alcaldía y la Gobernación del Cesar, según sentencias judiciales recientes.
En contexto, desde octubre de 2021, la Defensoría del Pueblo solicitó al municipio y al departamento atender las necesidades urgentes de esta población vulnerable mediante acciones concretas como la habilitación de hogares dignos y la elaboración de una ruta integral. A pesar del Decreto 1285 de 2022 que establece una política pública social para esta población, las evidencias siguen indicando que no se han cumplido las órdenes judiciales ni se ha garantizado una atención efectiva.
El pasado 15 de febrero, la Procuraduría General instó al alcalde a implementar dicha política pública. Particularmente se le solicitó información a la Alcaldía sobre los vencimientos del término para consolidar información y caracterizar a la población, 13 de diciembre de 2024, y para tener lista la política pública, 13 de marzo de 2025.
