La crisis financiera que atraviesa el sistema de salud en el departamento del Cesar es cada vez más profunda y compleja, acumulando una deuda millonaria que afecta tanto a las entidades públicas como a las privadas. Entre los factores que alimentan esta deuda, la atención a la población migrante irregular se ha convertido en un componente crítico y un reto para la sostenibilidad del sistema.
La acumulación de deudas históricas
El sistema de salud del Cesar arrastra desde hace años una crisis de cartera relacionada con los retrasos y la insuficiencia en los giros de recursos por parte del Estado hacia las EPS y, de éstas hacia las IPS. Según datos de la Secretaría de Salud Departamental, la cartera vencida con la red pública supera los 361 mil millones de pesos, concentrándose en entidades como Coosalud y Nueva EPS, con montos cercanos a los 51 mil millones cada una.
“La deuda acumulada de las EPS ha aumentado de forma alarmante y las entidades intervenidas experimentan los mayores deterioros patrimoniales,” explicó la diputada Claudia Margarita Zuleta en un debate reciente en la Asamblea Departamental.
La insuficiencia en la actualización de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la lenta ejecución de los presupuestos máximos son también elementos que agravan la crisis. Además, existe una utilización indebida de recursos de la UPC para otros fines no contemplados en el Plan de Beneficios, lo que genera una asfixia financiera para las prestadoras del servicio.
El impacto de la atención a población migrante
Un factor que ha cobrado gran relevancia en la crisis del Cesar es el alto flujo de población migrante irregular que demanda servicios de salud. Según cifras oficiales, la deuda del Estado con los prestadores públicos por la atención a migrantes irregulares asciende a más de 36 mil millones de pesos. La población migrante, a la cual se brinda atención prioritaria por razones humanitarias y legales, genera una presión adicional sobre las ya limitadas finanzas del sistema.
La gerente de la Clínica Santa Elena del Valle, Sandra Rincón, comentó en el debate que “la atención a población migrante no sólo implica costos adicionales, sino que también afecta la capacidad de respuesta y la calidad del servicio para todos los usuarios del departamento”. En este sentido, la deuda por este concepto no es ajena a la generalidad del quebranto financiero, pero sí añade un componente de urgencia y complejidad que requiere una política nacional más precisa sobre la población migrante.
“No podemos sostener este sistema”
Los representantes del sector salud han coincidido en la imperiosa necesidad de avanzar hacia una reforma estructural del sistema que contemple la realidad socioeconómica y demográfica del departamento. “No podemos sostener este sistema donde las EPS reciben recursos insuficientes y retrasados, y las IPS se ven forzadas a cerrar camas y reducir servicios”, indicó la diputada María Cecilia Mesa Ochoa.
Además, la falta de un flujo oportuno y transparente de recursos impide que las clínicas y hospitales puedan planificar inversiones en infraestructura y personal, lo que impacta directamente en la atención a la población, incluyendo a los migrantes. La secretaria de salud, Gina Paola Sánchez, afirmó: “Si dentro de mis funciones estuviera girar hoy mismo a toda la red prestadora, lo haría sin dudarlo. No permitiré que la falta de pago se traduzca en la muerte de un paciente en el Cesar”.
