La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunciará el próximo 18 de septiembre la sentencia del Subcaso Costa Caribe contra 12 excomparecientes de la fuerza pública involucrados en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate en el norte del Cesar y sur de La Guajira. Estos hechos ocurrieron entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005 en el Batallón de Artillería No. 2 La Popa (BAPOP), dejando un saldo de 135 víctimas directas y 192 indirectas.
Alejandro Ramelli Arteaga, presidente de la JEP, destacó la importancia de este fallo para el Cesar, un departamento que ha estado en el centro de atención de la jurisdicción durante los últimos siete años de trabajo. “Una de las primeras sentencias es precisamente sobre hechos sucedidos en ese departamento que va a ser anunciada el 18 de este mes”, afirmó Ramelli, subrayando la cercanía y articulación con autoridades locales y departamentales en el proceso.
Un proceso histórico para la región
El presidente de la JEP explicó que el caso envuelve patrones de connivencia entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares que operaban en la zona, así como asesinatos de personas en situación de vulnerabilidad. Los delitos investigados incluyen crímenes de lesa humanidad como desaparición forzada, asesinato, tortura y persecución, además del crimen de guerra por homicidio en persona protegida.
Ramelli subrayó que “sin la participación de estos 12 máximos responsables, estos crímenes no se habrían podido cometer ni mantener en el tiempo”. La jurisdicción ha documentado una afectación multidimensional que ha impactado a las víctimas y sus familias en diferentes ámbitos: daños físicos y psíquicos, afectaciones a proyectos de vida, pérdida de seres queridos, estigmatización, daños al territorio y a la memoria colectiva, además de una profunda crisis de confianza hacia las instituciones.
Articulación con las comunidades indígenas
El presidente destacó las medidas de reparación y diálogo con los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, especialmente los Kankuamos, quienes han solicitado la creación de centros de armonización. “Parte de los recursos que hemos logrado conseguir, junto a la articulación con el departamento y la alcaldía de Valledupar, están destinados a esos espacios que buscan sanar las heridas”, explicó Ramelli.
Entre los proyectos de reparación en discusión con las víctimas se encuentran el Centro de Armonización Mildred Montero, fortalezas productivas urbanas y rurales, la Casa Cultural Nelson Enrique Romo Romero, un Centro Integral Cultural y de Memoria, casas multipropósito y un plan integral de memorialización para la Costa Caribe.
¿Quiénes serán los comparecientes sancionados?
Los comparecientes sancionados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) corresponden a 12 exmiembros de la fuerza pública, muchos de ellos con grados y cargos importantes dentro del Ejército Nacional. Entre ellos está Guillermo Gutiérrez Riveros, mayor y comandante de batería, hallado máximo responsable por asesinato, desaparición forzada, homicidio, tortura y persecución; enfrentaba además acusaciones previas en la justicia ordinaria por concierto para delinquir y homicidio.
Heber Hernán Gómez Naranjo, también mayor, fue jefe de Estado Mayor y responsable de operaciones, y fue encontrado responsable de delitos similares, sumando antecedentes de múltiples investigaciones por muertes ilegítimas. Carlos Lora Cabrales, teniente y comandante del grupo especial Trueno, fue condenado en la justicia ordinaria a largas penas, y ahora es sancionado por la JEP por los mismos crímenes.
Otros sancionados incluyen a Eduart Álvarez Mejía, subteniente y comandante de pelotones, y Elkin Burgos Suárez, subteniente y líder del pelotón Dinamarca 2, quien ya había recibido condenas por homicidio de un líder indígena. Efraín Andrade Perea, sargento primero y encargado de inteligencia, enfrenta múltiples investigaciones y condenas por hechos similares, junto con Manuel Valentín Padilla Espitia, quien fue agente de inteligencia externa y no estuvo privado de la libertad antes de someterse a la JEP. José de Jesús Rueda Quintero, sargento viceprimero y comandante de pelotones, ya había sido condenado a 34 años por homicidio, y fue absuelto en un proceso disciplinario por otros asesinatos.
Finalmente, los soldados profesionales Yeris Gómez Coronel, Alex Mercado Sierra y Juan Carlos Soto completan la lista. Yeris y Alex, ambos integrantes del grupo especial Zarpazo, fueron encontrados responsables de los mismos delitos, sumando tortura. Juan Carlos Soto fue condenado previamente por concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida. En conjunto, estos 12 comparecientes reconocieron su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad y crimen de guerra, acumulando una trayectoria judicial llena de investigaciones, acusaciones y condenas previas que confirman su implicación directa en los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas falsas en combate en la Costa Caribe.
Expectativas y contexto jurídico
Consultado sobre el estado y consecuencias de otras sentencias, Ramelli puntualizó que el juicio adversarial ligado al comandante del Batallón La Popa podría acarrear penas privativas de libertad de entre 15 y 20 años si se confirma su responsabilidad. Sin embargo, aclaró que no todos los condenados cumplirán cárcel efectiva, pues algunos procesos se llevaron por la vía restaurativa con restricciones de derechos y vigilancia internacional.
Sobre la inminente sentencia del 18 de septiembre y la notificación a las comunidades, indicó que “aunque las decisiones saldrán en Bogotá, se realizará una notificación con pertinencia étnica en el territorio para dialogar y explicar el contenido de la sentencia”.
Alejandro Ramelli Arteaga resaltó la relevancia histórica del fallo para la región y reafirmó el compromiso de la JEP con las víctimas, las comunidades y la memoria colectiva en esta etapa crucial de la justicia transicional.
Por: Redacción EL PILÓN
