En un fallo que ha generado diversas reacciones, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resolvió la situación jurídica de 11 miembros de la fuerza pública, pertenecientes al Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’, en relación con el asesinato de Nohemí Esther Pacheco Zábata, una niña wiwa de 13 años, y Hermes Enrique Carrillo Arias, un joven kankuamo de 23 años. Ambos fueron presentados como bajas en combate en 2005.
La decisión se enmarca dentro de la Ruta No Sancionatoria de la JEP. La sala de Definición de Situaciones Jurídicas concedió la renuncia a la persecución penal a los comparecientes. Argumentando que no ostentaron la más alta responsabilidad en los crímenes. Según el comunicado oficial de la JEP, este beneficio permite a los agentes estatales “rehacer de manera efectiva su vida en sociedad”.
En contraste, Pedro Loperena, líder de derechos humanos wiwa, compartió a EL PILÓN su perspectiva sobre el Comunicado 23 emitido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Loperena expresa una mezcla de sentimientos que incluyen sorpresa, decepción y una persistente búsqueda de justicia y reparación integral para las víctimas y sus comunidades.
