La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar a 20 gobernaciones y 35 alcaldías, durante los periodos 2012 a 2015, por el posible incumplimiento de su obligación en materia de protección, asistencia, atención, y reparación de la población desplazada por la violencia.
La Delegada para la Defensa de los DDHH inició el proceso disciplinario porque, al parecer, las entidades departamentales y municipales han incumplido de manera evidente e injustificada con sus obligaciones de atención integral a la población desalojada de su territorio, a pesar de contar con los recursos suficientes para protegerla, y de presentar una situación grave de desplazamiento forzado, de acuerdo con la medición del Departamento Nacional de Planeación desde el año 2013.
El Delegado para la Defensa de los DDHH, Gabriel Cera Cantillo, advirtió que “con esta indagación se busca identificar a los posibles responsables en cada ente territorial, verificar la ocurrencia de la conducta, para determinar si es constitutiva de falta disciplinaria y si han actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.
