La gerencia de Electricaribe en el departamento del Cesar continúa las gestiones para lograr acuerdos de pago óptimos con las distintas administraciones municipales, que permitan recaudar los dineros de la deuda que reduce las posibilidades de inversión por parte de esta compañía para generar mejoras en la prestación del servicio.

El lunes se realizó una reunión con representantes de los diferentes municipios y de la administración departamental para socializar una propuesta en la que a través del Fondo Empresarial de la Superintendencia y Electricaribe, crearon un patrimonio autónomo con el cual pueden ir a la banca comercial, buscar créditos y que con la opción de poder reinvertir en infraestructura se empleen en la cancelación de la deuda de los municipios a través de un convenio Electricaribe- municipio. La idea es que las administraciones municipales se responsabilicen del pago de la cuota y de la facturación corriente con los dineros del Sistema General de Participación que les llegan a través de los recursos que vienen directamente del Ministerio y de donde dichos dineros van a un encargo fiduciario para proyectos de inversión.

Este proyecto es conocido por la Procuraduría, Contraloría, el Ministerio de Minas, de Hacienda y también la cartera de Vivienda, por lo cual solo resta que los alcaldes de cada municipio asuman los compromisos a los que lleguen junto con la compañía prestadora del servicio de energía que seguirá realizando visitas para conformar mesas de trabajo en las cuales logren acuerdos que demuestren la voluntad de pago ante los saldos pendientes.

Gran parte de la deuda se debe a que se origina en el segmento de bienes protegidos constitucionalmente que se refieren a los acueductos, colegios y hospitales, a los cuales no se les puede suspender el servicio de los 19 municipios del Cesar y cuatro del Magdalena que están alimentados desde subestaciones del Cesar, que son Algarrobo, Nueva Granada, San Ángel y El Difícil, en los cuales la gerencia Cesar presta el servicio de energía.

“La solución es que todos los que estamos involucrados cumplamos con nuestro compromiso como usuarios o como prestadores del servicio. Sabemos que como compañía tenemos que mantener y mejorar cada día la prestación del servicio, pero esperamos que los usuarios tengan un consumo responsable y un pago responsable en la misma medida”, manifestó Ramiro Castilla Andrade, gerente de Electricaribe en el Cesar.

La única opción que se presenta para la empresa como medida de gestión de cobro es la terminación del contrato y que pasen a buscar otro comercializador en el mercado, pero en ese caso los comercializadores solicitan como requisito el paz y salvo del anterior prestador del servicio.

Esta medida ya se ha hecho efectiva en el municipio de La Gloria, donde ante la terminación del contrato y la posterior suspensión del servicio se presentaron problemas en las aguas residuales, por lo que un juez ordenó que se suspendiera la acción y acordó que la administración emprendiera acciones para saldar la deuda para lo cual se firmó un compromiso que fue incumplido y que se ha renovado con el propósito de que en esta ocasión se lleve a buen fin. Del mismo modo, en el municipio de Bosconia que tiene una deuda de casi 2.359 millones de pesos a la fecha, existía un acuerdo que evitó la suspensión del servicio, pero tras ser incumplido llevó a la empresa a tomar la medida de suspender el contrato definitivamente.

Con estas demoras en los pagos se retrasan los planes de inversión dispuestos por la compañía, que a pesar de las condiciones el año pasado realizó obras por valor de $147.000 millones y este año tiene planificado invertir $242.000 millones que solo se hace posible apalancarlos con los recursos que ingresen a la compañía.

“A pesar de las limitaciones de caja que tenemos, hemos invertido 147.000 millones con obras significativas como 2.000 millones de pesos en nuevos equipos en la subestación Bosconia, cerca de 2.000 millones en un nuevo transformador en la subestación El Copey. Estamos trabajando en el proyecto de arquitectura de redes en La Paz, que son 1.800 millones para poder atender la carga de la Universidad Nacional y la construcción de un nuevo circuito que se va a llamar Valledupar 7 para atender a las urbanizaciones que se encuentran alrededor del centro carcelario de máxima seguridad” enfatizó Castilla Andrade.

Resaltó que lo importante es la disposición de pagar y puso de ejemplo a la Alcaldía de Tamalameque, que tiene una deuda que supera los $6.000 millones frente a la que el municipio hace el esfuerzo de pagar su facturación y abonar al saldo pendiente.

En el caso de Valledupar tiene una situación puntual con la deuda del Vivero Municipal ,que fue invadido y en donde se ha ido facturando el suministro. La situación en ese caso es compleja mientras la empresa está en la tarea de cobrarle al municipio dicha deuda que en general es la más grande y se origina por los barrios subnormales. Además, se presentan algunas situaciones en entes descentralizados como hospitales, pero haciendo un balance el municipio obtiene un parte positivo.

Mientras tanto, Electricaribe continúa trabajando con un margen de maniobra en el que dejó de percibir $75.000 millones el año pasado en la gerencia Cesar y sigue estimulando a las administraciones a que se comprometan con el pago de la deuda, de la que $20.000 millones corresponden a acueductos que a pesar de haber solucionado un problema de saneamiento básico y agua potable para la comunidad provoca una dificultad en relación al aumento de la cartera de seguros.

Por Daniela Rincones Julio/ EL PILÓN
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