Hace 17 años, en la Cárcel Judicial de Valledupar se registró un motín sin precedentes debido al hacinamiento de más del 100%, revuelta que duró 12 días y que dejó trauma en rehenes y habitantes, además de cinco personas muertas.

Hoy después de casi dos décadas, el Gobierno Nacional se comprometió a respetar los Derechos Humanos de los reclusos y descongestionar el penal, que tiene capacidad para 270 internos y que en ese entonces ascendía a 556 y en estos momentos supera los 1.200 presos, haciendo ver que la situación del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Valledupar es peor ahora con un 450% de hacinamiento, según la Defensoría del Pueblo y la Personería del Municipio.

Hecho que se convirtió en una bomba de tiempo que, según críticos, estallaría en cualquier momento si la omisión por parte de las entidades encargadas persiste.

Este escenario haría parte de la crisis carcelaria que se vive en toda Colombia, en donde por años se han registrado en los medios de comunicación revueltas por emergencias sanitarias, que han provocado muertes en cantidades, tal como ocurrió a principio del 2014 en la Modelo de Barranquilla (18 muertos) debido a un incendio generado por hacinamiento.

Pero esta situación y las que se ven venir parecen no importarle al Gobierno Nacional y/o al Inpec, dicen las comunidades, porque, evidentemente, han hecho caso omiso a las Agencias del Ministerio Público, a los habitantes en los alrededores de los penales y presos que suplican el deshacinamiento.

En la Cárcel Judicial de Valledupar los internos, de acuerdo con la inspección de la Defensoría del Pueblo, los presos deben dormir, literalmente, unos sobre otros; los baños, patios y el rinconcito menos esperado son los colchones de los privados de la libertad.

Al parecer, esas promesas incumplidas del traslado de la Judicial del barrio Jorge Dangond a otra zona de la ciudad y los procesos jurídicos impetrados por la Personería y Defensoría quedaron en un rincón del olvido estatal, permitiendo así el incremento exponencial.

‘Ni un preso más’

Cansados de la crítica situación por la que atraviesan en sus celdas, los internos de la Cárcel Judicial decidieron realizar una desobediencia pacífica dentro del penal, por lo que desde el 24 de marzo del 2014, en acuerdo con el Inpec, decidieron no permitir el ingreso de un preso más. Hace 19 días el nivel de los presos se mantiene. Situación que ha generado congestión en la Permanente Central de la Policía, ubicada en la carrera 4.

Una luz al final del ‘tunel’

A finales de marzo del presente año, en sala de audiencias de la Procuraduría Regional del Cesar, donde se reunió el director general del Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario, Inpec, Saúl Torres Mojica; el viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia Miguel Samper; la directora de Política Criminal Marcela Abadía Cubillos y el Defensor Regional del Pueblo, Omar Contreras.

Evento del que también participó el Personero de Valledupar, Alfonso Campo Martínez, funcionarios del Consejo Superior de la Judicatura, el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo y el alcalde Fredys Socarrás Reales.

En dicho encuentro, el Director de Vigilancia y Custodia del Inpec se comprometió a trasladar a otros centros de reclusión a más de 400 internos y dejar a La Judicial con 750 reclusos, con fecha límite el próximo 20 de abril. Sin embargo, a solo nueve días del plazo máximo no se ha evidenciado traslado alguno.

No obstante, Yolanda Rodríguez Fernández, actual directora de la Cárcel Judicial, le confirmó al Defensor Omar Contreras Socarrás que el Inpec ya envió las primeras 190 solicitudes de situaciones jurídicas de los internos para iniciar el proceso de traslado. Esta semana se enviarían las 210 restantes, con el fin de completar las 400 solicitudes que pertenecen al mismo número de reos para descongestionar la Penitenciaria.

Violación de los derechos humanos

Frente al hacinamiento por el que atraviesa por año la Cárcel Judicial, el Personero de Valledupar, Alfonso Campo Martínez, aseguró “Estamos muy preocupados por la permanente violación de los derechos fundamentales de los internos, como la salud y la vida sana”.

Agregó “Asumí el cargo como Personero Municipal e inicié una lucha sin descanso para descongestionar el penal. Por ello hemos gestionado reuniones y compromisos de las entidades involucradas en esta problemática para reubicarla del barrio Dangond”.

La lucha del Ministerio Público

En Valledupar mucho se habla sobre la crisis de la Cárcel Judicial, pero poco o nada es el resultado que se ha obtenido luego de largos años de suplicio, aquel que se recuerda año tras año en los medios locales. Donde los internos viven en condiciones indignas.

Sin embargo, dos entidades del Ministerio Público: Defensoría y Personería han trabajado fuertemente en búsqueda de una salida a esta problemática, que según analistas, podría causar un motín más grande que el registrado el 4 de abril de 1997.

Pero mientras que el deshacinamiento se logra, otras han sido las alternativas encontradas para que los reclusos no sufran en mayor dimensión. El 22 de enero del 2013, Alfonso Campo Martínez, Personero de Valledupar, concretó acuerdos con Enilda Vázquez Oñate, entonces directora del penal, para garantizar y defender los derechos de los internos.

Entre lo acordado se destacó, según informe de esa entidad entregado a EL PILÓN, la búsqueda de solución a la ausencia constante de agua potable que ha provocado emergencia sanitaria en los siete patios del penal, hecho que se logró siete días después.

El 30 de enero los internos dejaron de sufrir por falta del líquido debido a un acuerdo de la Personería, Cárcel Judicial y Emdupar. En el informe de la Personería el Sargento Norberto Morales , representante de los guardines del Inpec, destacó la labor de la agencia del Ministerio Público.

En cuanto a la dificultad que tienen los reos para ser atendidos por especialistas en la salud, la Personería revisaría con Caprecom, la prestación del servicio.

Las tutelas

Cientos han sido las tutelas instauradas por entidades públicas y comunidad en general en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec. Acciones que se han presentado a raíz del hacinamiento y el traslado del penal en una zona aislada de la urbe de Valledupar.

Es así como el 15 de julio del 2013, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Judicial de Valledupar falló a favor de la Personería, quien había instaurado una tutela en favor de los reclusos de la Cárcel Judicial.

Proceso que obligaba al Inpec y a la entonces directora del establecimiento penitenciario, Enilda Vázquez Oñate, abstenerse de recibir personas condenadas procedentes de otros centros de reclusión del país.

“Este fue el resultado de una investigación juiciosa por parte de la Personería, que buscaba mostrar el grave hacinamiento que sufren los reclusos y por supuesto, trabajar por el restablecimiento de derechos de los internos de este penal”, mencionó en su momento el personero Alfonso Campo Martínez.

El fallo también ordena al Director Nacional del Inpec adelantar las acciones administrativas necesarias para lograr el efectivo traslado de las personas condenadas que se encuentras privadas de la libertad en la Cárcel Judicial, iniciando con los reclusos que se encuentren en la fase de Alta Seguridad, acción que debe culminar en un periodo máximo de dos años.

De igual modo, Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Judicial de Valledupar ordena al Inpec gestionar recursos para la remodelación y adecuación del centro de reclusión. Mientras que la Secretaría de Salud Departamental debe realizar visitas trimestrales a la cárcel para determinar si se cumplen las condiciones de higiene y salubridad establecidas.

Por su parte, la Procuraduría Regional y Defensoría del Pueblo, Regional Cesar, deben ejercer vigilancia a la cárcel para garantizar que las medidas ordenadas por el tribunal se cumplan.

El mes pasado, en una reunión del Comité de Derechos Humanos, la Personería de Valledupar solicitó a la Defensoría del Pueblo, Regional Cesar, la asignación de un defensor público para los internos en cuanto a temas disciplinarios.

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Omar Contreras Socarrás, notificó a Jorge Emilio Caldas Vera, Defensor Delegado para la Política Criminal y Penitenciaria de la Defensoría del Pueblo, en Bogotá, sobre una acción de tutela contra el Inpec por la congestión descontrolada del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Valledupar.

El documento reza lo siguiente: “El 13 de febrero de 2013, funcionarios de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría Regional del Cesar realizaron una visita de inspección a la institución objeto de la acción de tutela y una vez más se comprobó que el INPEC no había cumplido con la orden judicial, toda vez que para esa fecha la población reclusa subió a 915 personas y lo que es peor, los internos e internas no han sido clasificados tal y como lo ordenó el Tribunal de Valledupar, conforme lo dispone la Ley 65 de 1993.

Situación que condujo a la entidad intentar un nuevo incidente de desacato, presentado el 7 de marzo de 2013 y resuelto de manera desfavorable por el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar, en sentencia de 17 de abril de 2013, tomando como punto medular único de sustento, el hecho que el INPEC había realizado algunos traslados, y dejando de lado el tema relacionado con la clasificación de los internos.

Lo que hay detrás del panfleto

Aparentemente, desde el interior de la Cárcel Judicial salió este panfleto, en el que se amenazaba al alcalde Fredys Socarrás y al defensor del pueblo, Omar Contreras por tratar de deshacinar el penal.

Omar Contreras Socarrás, Defensor del Pueblo, Regional Cesar, aseguró “con la descongestión del penal se van a acabar más uno de los vicios que históricamente viene rondando a la judicial: el microtráfico, la venta de celulares, medicamentos psiquiátricos (que tienen efectos similares a alucinógenos), venta de espacios para dormir (que pueden costar 200 mil pesos y un millón una celda”.

Agregó “yo diría que es por ahí, pero teniendo en cuenta que es otro tipo de enemistades que tengo por otros temas de investigación”.

Por Merlin Duarte García/El Pilón

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