En las instalaciones del CTI de la Fiscalía de Valledupar se entregó en la mañana del miércoles, el exalcalde de Astrea, Sandy Sepúlveda Sánchez, luego de enterarse que en su contra había una orden de captura por presuntamente ocasionar un detrimento patrimonial cuando fungió como mandatario en el periodo 2016 – 2019.

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Junto a él también se presentó la contratista, Mireya Isabel Díaz Montenegro, representante de la Fundación de Educación y talentos Especiales, Funete; la exsecretaria de salud del municipio, Aidee Teresa Mejía Pallares y los docentes Antonio Arturo Amaris Ariza, Yesid Eduardo Marín Gutiérrez y Álvaro Adolfo Murgas Romero, quienes son investigados por los mismos motivos que el exalcalde.

Todos eran requeridos por la Fiscalía 12 seccional de la capital del Cesar, adscrita a la Unidad de delitos contra la Administración Pública, para que respondan por un proceso en su contra por los delitos de peculado por apropiación, concierto para delinquir y celebración de contrato sin cumplimientos de los requisitos legales.

Los hechos indagados corresponden a un contrato que el exalcalde Sandy Sepúlveda celebró con la Fundación Funete para la atención de la población con discapacidad que aparentemente no se materializó en su totalidad.

“Se presentaron presuntas irregularidades que surgieron durante procesos contractuales celebrados entre el señor alcalde y la fundación de Educación y talentos Especiales “Funete” cuyo objeto iba dirigido a la atención de la población con discapacidad del municipio de Astrea. Dichos procesos no fueron cumplidos a cabalidad, presentándose un detrimento patrimonial del municipio”, reza el informe preliminar de la Fiscalía.

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El mismo contrato además, presuntamente no fue debidamente vigilado por la entonces funcionaria pública Aidee Teresa Mejía, en su calidad de secretaria de salud en Astrea.

Los implicados durante la tarde del miércoles, eran presentados por el fiscal 12 seccional, Gentil de León  Mármol, ante un juez de control de garantías para las audiencias virtuales de legalización de captura, imputación de cargos y probablemente imposición de medida de aseguramiento.