Durante todo el día del martes, las comisiones económicas de Senado y Cámara de representantes trabajaban junto al equipo económico del Gobierno en la radicación de los cambios introducidos al proyecto de ley de financiamiento que había presentado el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla el pasado 31 de octubre. Los nuevos puntos prevén recaudar 13,7 billones de pesos sin necesidad de ampliar el IVA a más productos de la canasta familiar.
Además de los productos básicos, el otro punto crítico que queda fuera con las nuevas propuestas es el de las pensiones. La idea inicial era que los pensionados que recibían desde 4,8 millones de pesos al mes aportaran 25 mil pesos. Como aseguró el senador de Cambio Radical, Didier Lobo, “la presión de algunos partidos hizo que el gobierno repensara propuestas que afectaban directamente a los colombianos.
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Pero ante la necesidad de cubrir el vacio fiscal, el peso recaería sobre el sector financiero. En uno de los parágrafos que presentaron a debate, se plantea una sobretasa de 5 puntos porcentuales a la rentas de las empresas del sector financiero. Así, para el 2019 la tarifa general del impuesto será del 38 %. Según predicciones, con esto se recogerían alrededor de $700 mil millones anualmente.
“El sector financiero ha crecido 4 veces más por encima del PIB colombiano en los últimos años por lo que puede aportar más al estado colombiano”, declaró el senador conservador David Barguil, ponente de la propuesta.
Las bebidas azucaradas y cervezas actualmente pagan un impuesto monofásico que recae en su producción. Con la nueva propuesta que va a debate, se empezará a cobrar un IVA de 19 % sobre el líquido, lo que recaerá directamente sobre su precio. De allí, se podrían obtener 960.000 millones de pesos.
El senador de Cambio Radical, Didier Lobo, opinó que “es interesante gravar este sector pero sin impactar en la generación de empleo de este sector. Pero sí pensando en la disminución de bebidas azucaradas que pueden afectar la salud de los colombianos”.
Las otras propuestas serían una tarifa de 7,5 % sobre las utilidades que se envíen al exterior para accionistas de las empresas; un impuesto al consumo del 2 % sobre la venta de vivienda que superen el valor de más de $918 millones, con el cual se pretende recaudar más de un $1 billón.