La contraparte en este caso de la etnia arhuaca manifiesta que la elección de las nuevas directivas no se realizó cumpliendo el debido proceso. La Procuraduría hace un llamado al diálogo.
Recientemente la etnia indígena arhuaca eligió después de seis años un nuevo gobierno a través de asambleas realizadas en Nabusímake donde asistieron mamos y líderes que escogieron a Zarwawiko Torres como cabildo gobernador para que los represente en los asuntos políticos y administrativos en los distintos estamentos territoriales a nivel nacional, departamental y municipal.
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Con esta elección que se llevó a cabo los pasados 7 y 8 de agosto en Nabusimake, quedó por fuera del cargo José María Arroyo Izquierdo y demás miembros que conformaban la junta directiva. Desde entonces se han presentado diferentes situaciones de confrontamientos entre ambos liderazgos ya que los recién elegidos piden que se entregue una rendición de cuentas de su administración.
Sin embargo, la contraparte señala que dicha elección está por fuera del reglamento debido a que el Gobierno nacional ha recomendado que las actividades con aglomeración de personas estén suspendidas con ocasión de la pandemia por el coronavirus y en la asamblea realizada para elegir a los nuevos cargos asistieron al menos 300 indígenas.
“Los procesos no los podemos seguir aplazando ya se había atrasado por dos años porque los periodos de los cabildos son de 4 años y este se extendió por dos más para que las directivas hicieran un informe estructurado de los procesos administrativos dentro del pueblo arhuaco y al pasar estos dos años y no ver resultados positivos para la comunidad donde se ha notado además, la falta de gobernabilidad y el llamado lo hacen los mayores que son la máxima gobernabilidad y son los que escogen la junta directiva que nos va a representar, ellos deben de responder por todo ese periodo que estuvieron en el cargo”, explicó una lideresa arhuaca de Nabusímake que pidió reserva de su nombre.
Añadió que la asamblea sigue reunida en Nabusímake y todo esto es legítimo porque son autónomos: “Lo dice la Constitución, el pueblo Arhuaco se conforma en los departamentos de Cesar, La Guajira y Magdalena y en las recomendaciones frente al coronavirus es que nos dicen que tengamos cuidado en las medidas de bioseguridad de acuerdo a las condiciones que corresponde a nuestras tradiciones y cultura, esto no quiere decir que no las tengamos solo que son diferentes a las que se toman en las zonas urbanas, pero tradicionalmente estamos haciendo las medidas de protección como el baño con plantas, los trabajos tradicionales, control en el territorio, con el lavado adecuado de los alimentos que son medidas que hacemos de manera propia, fumigamos con cloro los carros y todo lo que entre al territorio y las personas también con alcohol; todo esto tomando en cuenta que no se pueden atrasar más los procesos”.
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El viernes anterior cuando el excabildo gobernador José María Arroyo, el secretario general Reinaldo Torres Solís, el tesorero Hermes Torres Solís y los líderes Alirio Torres y Gélver Zapata, se encontraban en la casa indígena en Valledupar, fueron sacados por la guardia indígena solicitados por la Asamblea para que comparecieran y entregaran el informe que los mamos y la comunidad han esperado por dos años, sin embargo, esto fue catalogado como un secuestro.
“Fue una conducción no un secuestro y la guardia indígena es legítima en nuestro pueblo, no fueron maltratados físicamente la guardia indígena no usa armas y en vista de ese desacato hubo la necesidad de llamarlos. Se necesita que entreguen los cargos y la nueva junta directiva debe recibir y eso no se ha hecho porque los anteriores líderes no han rendido cuentas. El proceso del actual cabildo ya está en el Ministerio del Interior y está a la espera de la resolución como autoridad indígena arhuaca, el nuevo cabildo gobernador es Karawiko Torres y la junta directiva fue escogida por la asamblea. Los anteriores están en un proceso de justicia iniciando por hacer una demanda ordinaria a nuestras autoridades indígenas por un rapto que no se hizo”, explicó la misma fuente consultada.
Leonor Zalabata defensora de Derechos Humanos y miembro de la antigua junta administrativa, señaló que la rendición de cuentas y entrega del cargo no se había realizado por acatar ordenamientos presidenciales y recomendaciones de la Procuraduría General de la Nación, de mantener el aislamiento preventivo y así preservar la vida de las comunidades indígenas ante un posible contagio de la covid-19.
“Ellos lo han tomado como si hubiera sido una falta de voluntad política para la entrega del cargo y algunos de ellos empezaron a trabajar el tema internamente y esa situación lleva a que se van exacerbando todas las costumbres y lineamientos, se reunieron en Nabusímake con algunos mamos no con todos, con muchas autoridades no todas, porque muchos no pueden estar por la pandemia y esto no es caprichoso sino es por la vida (…) lo más fuerte de este problema es que ellos han vivido ligados a Dusakawi y ese que ostenta a cabildo gobernador y el secretario general ha estado en la presidencia de empresas prestadoras de salud y contratista; es decir, hay un complot y pareciera que tienen intereses económicos y propios muy particulares. Tienen una persecución con el cabildo gobernador y no realizaron el debido proceso”, detalló Leonor Zalabata.
La Procuraduría General de la Nación a través del delegado para Asuntos Étnicos, Richard Moreno Rodríguez, precisó que es necesario que entable un diálogo inmediato con la institución propia y legítima del Pueblo Arhuaco para la implementación y seguimiento de las acciones a tomar.
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“Como órgano de control, siendo garantes de cumplimiento de la ley, la constitución política y demás prerrogativas normativas hacemos un llamado respetuoso a la buena palabra, a la solución pacífica, dialógica propia de cualquier tipo de diferencias que desde esa sabiduría ancestral podrán ser gratamente superadas a favor de la colectividad por el restablecimiento del equilibrio y armonía fundadas dentro de los principios de unidad, territorio, cultura y autonomía, reiterando que las acciones que propendan por la consolidación de la paz estable y duradera, en el ejercicio pleno de un estado social de derecho, serán mejores para nuestra nación colombiana”.
El pueblo Arhuaco se constituye por la máxima autoridad que son los mamos líderes espirituales, de los cuales hay un alrededor de 40, encargados de elegir a los líderes que los representan en procesos político- administrativos y son respaldados por las autoridades de los cuatro centros: Yerúa, Sabana Crespo, Nabusímake y Simonarúa, conformados por un aproximado de 45 mil indígenas arhuacos.
Por: Milagros Sánchez / EL PILÓN
La contraparte en este caso de la etnia arhuaca manifiesta que la elección de las nuevas directivas no se realizó cumpliendo el debido proceso. La Procuraduría hace un llamado al diálogo.
Recientemente la etnia indígena arhuaca eligió después de seis años un nuevo gobierno a través de asambleas realizadas en Nabusímake donde asistieron mamos y líderes que escogieron a Zarwawiko Torres como cabildo gobernador para que los represente en los asuntos políticos y administrativos en los distintos estamentos territoriales a nivel nacional, departamental y municipal.
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Con esta elección que se llevó a cabo los pasados 7 y 8 de agosto en Nabusimake, quedó por fuera del cargo José María Arroyo Izquierdo y demás miembros que conformaban la junta directiva. Desde entonces se han presentado diferentes situaciones de confrontamientos entre ambos liderazgos ya que los recién elegidos piden que se entregue una rendición de cuentas de su administración.
Sin embargo, la contraparte señala que dicha elección está por fuera del reglamento debido a que el Gobierno nacional ha recomendado que las actividades con aglomeración de personas estén suspendidas con ocasión de la pandemia por el coronavirus y en la asamblea realizada para elegir a los nuevos cargos asistieron al menos 300 indígenas.
“Los procesos no los podemos seguir aplazando ya se había atrasado por dos años porque los periodos de los cabildos son de 4 años y este se extendió por dos más para que las directivas hicieran un informe estructurado de los procesos administrativos dentro del pueblo arhuaco y al pasar estos dos años y no ver resultados positivos para la comunidad donde se ha notado además, la falta de gobernabilidad y el llamado lo hacen los mayores que son la máxima gobernabilidad y son los que escogen la junta directiva que nos va a representar, ellos deben de responder por todo ese periodo que estuvieron en el cargo”, explicó una lideresa arhuaca de Nabusímake que pidió reserva de su nombre.
Añadió que la asamblea sigue reunida en Nabusímake y todo esto es legítimo porque son autónomos: “Lo dice la Constitución, el pueblo Arhuaco se conforma en los departamentos de Cesar, La Guajira y Magdalena y en las recomendaciones frente al coronavirus es que nos dicen que tengamos cuidado en las medidas de bioseguridad de acuerdo a las condiciones que corresponde a nuestras tradiciones y cultura, esto no quiere decir que no las tengamos solo que son diferentes a las que se toman en las zonas urbanas, pero tradicionalmente estamos haciendo las medidas de protección como el baño con plantas, los trabajos tradicionales, control en el territorio, con el lavado adecuado de los alimentos que son medidas que hacemos de manera propia, fumigamos con cloro los carros y todo lo que entre al territorio y las personas también con alcohol; todo esto tomando en cuenta que no se pueden atrasar más los procesos”.
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El viernes anterior cuando el excabildo gobernador José María Arroyo, el secretario general Reinaldo Torres Solís, el tesorero Hermes Torres Solís y los líderes Alirio Torres y Gélver Zapata, se encontraban en la casa indígena en Valledupar, fueron sacados por la guardia indígena solicitados por la Asamblea para que comparecieran y entregaran el informe que los mamos y la comunidad han esperado por dos años, sin embargo, esto fue catalogado como un secuestro.
“Fue una conducción no un secuestro y la guardia indígena es legítima en nuestro pueblo, no fueron maltratados físicamente la guardia indígena no usa armas y en vista de ese desacato hubo la necesidad de llamarlos. Se necesita que entreguen los cargos y la nueva junta directiva debe recibir y eso no se ha hecho porque los anteriores líderes no han rendido cuentas. El proceso del actual cabildo ya está en el Ministerio del Interior y está a la espera de la resolución como autoridad indígena arhuaca, el nuevo cabildo gobernador es Karawiko Torres y la junta directiva fue escogida por la asamblea. Los anteriores están en un proceso de justicia iniciando por hacer una demanda ordinaria a nuestras autoridades indígenas por un rapto que no se hizo”, explicó la misma fuente consultada.
Leonor Zalabata defensora de Derechos Humanos y miembro de la antigua junta administrativa, señaló que la rendición de cuentas y entrega del cargo no se había realizado por acatar ordenamientos presidenciales y recomendaciones de la Procuraduría General de la Nación, de mantener el aislamiento preventivo y así preservar la vida de las comunidades indígenas ante un posible contagio de la covid-19.
“Ellos lo han tomado como si hubiera sido una falta de voluntad política para la entrega del cargo y algunos de ellos empezaron a trabajar el tema internamente y esa situación lleva a que se van exacerbando todas las costumbres y lineamientos, se reunieron en Nabusímake con algunos mamos no con todos, con muchas autoridades no todas, porque muchos no pueden estar por la pandemia y esto no es caprichoso sino es por la vida (…) lo más fuerte de este problema es que ellos han vivido ligados a Dusakawi y ese que ostenta a cabildo gobernador y el secretario general ha estado en la presidencia de empresas prestadoras de salud y contratista; es decir, hay un complot y pareciera que tienen intereses económicos y propios muy particulares. Tienen una persecución con el cabildo gobernador y no realizaron el debido proceso”, detalló Leonor Zalabata.
La Procuraduría General de la Nación a través del delegado para Asuntos Étnicos, Richard Moreno Rodríguez, precisó que es necesario que entable un diálogo inmediato con la institución propia y legítima del Pueblo Arhuaco para la implementación y seguimiento de las acciones a tomar.
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“Como órgano de control, siendo garantes de cumplimiento de la ley, la constitución política y demás prerrogativas normativas hacemos un llamado respetuoso a la buena palabra, a la solución pacífica, dialógica propia de cualquier tipo de diferencias que desde esa sabiduría ancestral podrán ser gratamente superadas a favor de la colectividad por el restablecimiento del equilibrio y armonía fundadas dentro de los principios de unidad, territorio, cultura y autonomía, reiterando que las acciones que propendan por la consolidación de la paz estable y duradera, en el ejercicio pleno de un estado social de derecho, serán mejores para nuestra nación colombiana”.
El pueblo Arhuaco se constituye por la máxima autoridad que son los mamos líderes espirituales, de los cuales hay un alrededor de 40, encargados de elegir a los líderes que los representan en procesos político- administrativos y son respaldados por las autoridades de los cuatro centros: Yerúa, Sabana Crespo, Nabusímake y Simonarúa, conformados por un aproximado de 45 mil indígenas arhuacos.
Por: Milagros Sánchez / EL PILÓN