Para este miércoles 30 de octubre estaba fijada la orden de desalojo de las más de 30.000 personas que viven en Brisas de La Popa, Los Guasimales, Altos de Pimienta y Bello Horizonte II, ubicadas en el predio Sabana 1 de la ciudad de Valledupar, sin embargo, dicha orden de desalojo no será cumplida porque “nació muerta”. 

Así lo dio a conocer el jurista Evaristo Rafael Rodríguez, representante legal de la familia Pimienta, propietarios del predio Sabana 1. Sobre el desalojo de estos asentamientos, el alcalde municipal, Ernesto Orozco, ha manifestado que realizarlo sería una “masacre” y que la administración municipal no cuenta con los recursos para desalojar a más de 30.000 personas que viven en estos asentamientos. 

“Yo soy respetuoso de las decisiones judiciales. La verdad es que esta sentencia es de hace 11 años y las condiciones han cambiado totalmente. Se puede hablar de un desplazamiento legal, pero podríamos hacer una masacre, donde hay más de 30.000 personas. No estamos en posición para poder llevar a cabo ese desalojo”, aseveró el alcalde municipal.

En ese sentido, en el mes de agosto del presente año, el alcalde municipal se reunió en compañía de la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, con la defensora del Pueblo, Iris Marín, para exponerle la problemática social y jurídica que atraviesa la ciudad de Valledupar con las invasiones.

Producto de esta reunión, Orozco informó que la defensora del pueblo revisaría el caso y solicitaría a la Corte Constitucional una revisión de la sentencia para que sea posible la modulación de la misma. Lo anterior con la finalidad de que se actualice el fallo teniendo en consideración el número de habitantes asentados.

Acotó que para la logística del desalojo se necesitarían 2.000 policías, 800 soldados y la administración municipal no dispone de albergues o complejos habitacionales para las más de 30.000 personas que serían desalojadas. Por lo anterior, el mandatario local también se reunió con el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino, para evaluar estrategias legales que permitan la legalización de Sabana 1.

Posición del abogado de la familia Pimienta

De acuerdo con el abogado Evaristo Rodríguez, la orden judicial será incumplida porque el alcalde municipal, Ernesto Orozco, desde el mes de julio,manifestó en reiteradas ocasiones que el desalojo no se realizaría.

“Presentaremos un nuevo incidente de desacato contra el alcalde Ernesto Orozco por sustraerse el cumplimiento de una orden judicial, ejecutoriada y en firme. La administración municipal no está por encima de los fallos judiciales. En esta oportunidad porque la conducta es reincidente, se le solicitará al juez de tutela 20 días de arresto para el alcalde y una multa de 10 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, SMLMV, por resistirse a acatar un fallo de la Corte Constitucional”, manifestó Rodríguez. 

Cabe recordar que la orden de desalojo de las cuatro invasiones está fundamentada en la Sentencia T-946, emitida por la Corte Constitucional el 16 de diciembre de 2011, en la cual se le ordenó a la Alcaldía de Valledupar, a la Gobernación del Cesar, a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional el desalojo de los cuatro asentamientos humanos, una orden que ha sido heredada entre las administraciones y no ha sido cumplida hasta la fecha. 

Por Namieh Baute Barrios