En contratación estatal, el principio de igualdad implica el derecho del particular de participar en un proceso de selección en idénticas oportunidades respecto de otros oferentes y de recibir el mismo tratamiento, por lo cual las administraciones no pueden establecer cláusulas discriminatorias o beneficiar a uno de los interesados o participantes. 

En el Cesar, al parecer, este y otros principios no se estarían respetando en la contratación pública. Prueba de ello son los pliegos licitatorios que limitan la pluralidad de oferentes. Ejemplos hay muchos, donde algunas administraciones colocan ‘trampitas’ para favorecer a una empresa. Es como si antes de publicitarlo, el contrato ya tuviera dueño.

Ingenieros expertos en contratación señalaron que a través de calificaciones subjetivas o exigencias ajustadas a cierta empresa envían un mensaje claro para que no haya competencia y se presente un único oferente.  

Estos cuestionamientos recaen sobre obras multimillonarias como el Centro Cultural de la Música Vallenata, el cual tendrá un valor de $138.817 millones, o más ‘pequeñas’ como la construcción de la cubierta metálica del escenario deportivo del corregimiento de La Banca Torcoroma, en el municipio de San Martín, por un valor de  $249 millones. 

En ambos casos, como se pronosticó, solo se presentó un oferente. La licitación del Centro Cultural fue cuestionada por el porcentaje  de puntos que se le dio al factor de calidad, uno de los puntos más polémicos de las licitaciones.  En contratación pública lo ideal es que se presenten la mayor cantidad de oferentes, el mejor calificado debería ser el seleccionado. El puntaje perfecto es 1.000.  

En este caso, la Gobernación del Cesar asignó 390 puntos al oferente que presentara un plan de calidad con la metodología a implementar en la ejecución del proyecto.  Sin embargo, las empresas y profesionales señalaron que  la calificación nace de una base subjetiva por parte del comité encargado de evaluar, “restando criterios técnicos de calificación al proceso de adjudicación”. 

CALIDAD Y LIQUIDEZ 

Por su lado, en la ‘pequeña’ licitación de la construcción de la cubierta metálica del escenario deportivo del corregimiento de La Banca Torcoroma, la administración municipal habría limitado la participación de los oferentes, según denuncias,  “con exagerados requerimientos financieros” y la calificación de planes de calidad. “Tan restringido estaba que al final se presentó un solo oferente”. 

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Una de las métricas financieras que más  limita la pluralidad es el índice de liquidez. En este caso exigieron un porcentaje mayor a (≥ a) 13,30. Un valor que no se adapta con los pliegos tipo creados para el sector de la infraestructura de transporte. Aunque no están relacionados, sí se ha recomendado emplear índices de liquidez bajos (mayor o igual a 1 es el recomendado por los pliegos tipo) para abrir la pluralidad de oferentes. 

¿Qué es el índice de liquidez? En palabras llanas es la capacidad que tiene la “empresa para generar flujo de efectivo en el corto plazo a fin de poder cumplir con sus compromisos o proyectos”. Entonces, el índice determina si puede  cumplir 1, 2 o 20 o 50 veces sus compromisos según los resultados. El indicador del sector de la infraestructura   es mayor a 1.  Por eso, exigir un porcentaje mayor a (≥ a) 13,30 limita la cantidad de participantes. 

En Tamalameque pasaría algo similar. El índice de liquidez exigido para las empresas que participen en la licitación para la construcción de la casa del adulto mayor deberá ser mayor o igual a 10.0.  

Ese no sería el único limitante en ese contrato que tiene un valor de $250 millones. La asignación de 200 puntos al plan Integral de Gestión de Calidad y 400 puntos al plan de Gestión de Tiempo, sin duda “alejan a las empresas de esa licitación, principalmente, porque aunque presenten mejores propuestas económicas, la decisión podría ser más subjetiva que técnica”, aseguran expertos.

“La calificación del plan de calidad la dividen en muchos ítems. En cualquiera de ellos pueden acomodar al ungido. Les quitan unos 10 o 20 puntos a los competidores y queda el preferido de la administración”, señaló el ingeniero Rodrigo  Fernández, asesor en contratación.

AÑOS LÍMITES 

Otro punto cuestionado en la contratación del Cesar es la ‘costumbre’ de encerrar la experiencia en unos años. Uno de los casos más sonados sucedió en La Paz, a finales del año pasado. Para el contrato que consistía en la implementación de sistemas de energía solar fotovoltaica en viviendas en zonas rurales de La Paz, por un valor de $9.833 millones, se presentó un solo proponente, al parecer, por exigir para la experiencia específica haber celebrado 2 contratos que acreditaran que instaló “1.000 sistemas solares fotovoltaicos individuales autónomos con una capacidad mínima de 740 WP cada uno o una potencia total instalada de mínimo 20 MWP”. Al final, el contrato se le asignó a la Unión Temporal Energías para La Paz, el único proponente. 

ESPECIFICACIONES 

Al igual que el tiempo, los contratos con exigencias demasiado específicas en la experiencia limitan la participación. Un caso reciente sería la licitación pública abierta por la Alcaldía de Becerril para la adecuación y mejoramiento de las instalaciones físicas del Megacolegio Trujillo. El valor de la obra es de $2.646 millones.

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“Claramente restringen la participación al exigir que en un contrato se acredite: (…) tanque subterráneo y 558 lámparas LED”, explicó el ingeniero Rodrigo Fernández.  “Resulta que alguien construyó un colegio y es tres veces más grande que el colegio de Becerril, pero el tanque es elevado, entonces no tiene experiencia para el colegio de Becerril porque allí exigen un tanque subterráneo. No pueden pretender que se haga un contrato igual”.  

Lo mismo pasa con las luminarias LED, donde se exigen 558 en un solo contrato. “Cuando usted dice que para poder participar la persona debe haber colocado, por decir, 558 luminarias LED, entonces, ¿el que ha colocado 280 luminarias no tiene experiencia? Es probable que una persona haya hecho muchos escenarios deportivos y haya colocado 150 luminarias. No quiere decir que no sea capaz de colocar ahora 300. O que haya colocado otro tipo de luminaria. Esas exigencias lo único que hacen es impedir la libre concurrencia”, agregó el ingeniero.

MILES DE MILLONES Y UN PROPONENTE

En ese recorrido por grandes obras en las que sorpresivamente se presentó un solo proponente y que fueron señaladas por presunto direccionamiento, cabe resaltar la remodelación de la icónica Plaza Alfonso López. Para esta polémica obra que tuvo un costo inicial de $8,320 millones, el único proponente fue el Consorcio Plaza Alfonso López, cuyo representante legal era Darío José Peinado Acosta, uno de los mayores contratistas de la Alcaldía pasada.  Peinado también ganó la licitación de la rehabilitación de placas en vías urbanas del municipio con la actual administración.

También se presentó un solo proponente en la construcción de pavimento en Valledupar por un valor de $9.469 millones. El representante legal de la obra era Libardo José Cuello Herrera, otro megacontratista de la Alcaldía de Valledupar. 

Y no olvidar la construcción de la Plaza Rosso Machado Cruz de Becerril, una obra que costó $18.643 millones, en cuya licitación solo se recibió una propuesta. Una sola propuesta, pero ‘mil’ cuestionamientos. Incluso, la Contraloría General evidenció un presunto detrimento patrimonial por más de $4.400 millones, “descubriendo sobrecostos, mala calidad de materiales y deterioro temprano de la estructura”. 

A nivel departamental y local, la contratación del Programa de Alimentación Escolar y transporte escolar, regularmente, se contratan con un solo proponente, el mismo de hace varios años. Al punto que desde el 2016, hasta antes de la pandemia, un grupo de consorcios y uniones temporales han ganado la contratación del Plan de Alimentación Escolar en el Cesar, en la mayoría de casos sin competencia de otros oferentes.

Por: Redacción EL PILÓN