En las últimas sesiones de la Asamblea del Cesar se escucha decir en voz baja a los diputados que no entienden cómo la Contraloría Departamental ha sido tan pasiva en la crisis de los hospitales de los municipios que pasan su peor momento financiero.
No hay auditorías que muestren ese desolador panorama, que abran la puerta para saber qué pasó en realidad en su estructura administrativa y financiera, qué ha motivado la desidia que los tiene padeciendo la peor enfermedad pública: la corrupción. En el caso del Hospital San Andrés del municipio de San Andrés sus habitantes dicen que “se robaron el hospital”. ¿Pero quién se lo robó? ¿Por qué nadie confirma o desmiente esa hipótesis?
Es claro que la función de la Contraloría Departamental, al igual que las del orden nacional y municipal, se limita hacer control posterior a las inversiones, en este caso, de los recursos departamentales, como los provenientes del Sistema General de Participación (SGP) y recursos propios, entre ellas las rentas del departamento.
Pero aunque es un control posterior, no hay derecho a que las cosas sigan pasando y nadie diga ni haga nada. La Contraloría Departamental está muda, casi invisible, apenas se puede observar en su página web cinco circulares, la D-05 y la D-07 dirigidas a las entidades sujetas de control en la que el asunto es la rendición de cuentas del tema de contratación y el anuncio de la rendición de cuentas del primer semestre del 2016, las otras tres son para temas de capacitación.
En su página web la Contraloría Departamental tiene cero archivos ingresados al área de Auditorías en los seis meses que lleva el 2016. Mientras que en el 2015 aparecen 100, la mayoría practicadas a los municipios.
La Contraloría Departamental está muda. De eso no hay duda. Por eso dicen algunas voces fue elegido un contralor amigo, incluso un exfuncionario de la administración anterior, gerente de la campaña del actual gobernador Francisco Ovalle Angarita, un caso muy parecido a la elección del Contralor Municipal de Valledupar, Alvaro Castilla, que hoy tiene una inhabilidad en primera instancia de 12 años por el conflicto de intereses que tiene al tener que hacerle control a la administración de un mandatario al cual financió en su campaña política e inscribió en la Registraduría Nacional, como ocurrió con el alcalde Augusto Uhía Ramirez.
El contralor Departamental, César Cerchiario De La Rosa, no fue escogido para ser un adorno o calentar silla, sino para que le responda a los cesarenses por su tarea de controlar las inversiones del orden departamental. Bastante tarea tiene, pero hasta ahora no se le ha escuchado la voz.
Muy claro lo dice la Ley: “Corresponde a las Contralorías Departamentales ejercer la función pública de control fiscal en su respectiva jurisdicción, de acuerdo con los principios, sistemas y procedimientos establecidos en la Constitución y la ley”.
Las gestiones de los contralores de los últimos periodos en el Cesar han sido pasivas, cómplices del desgreño administrativo.
Se necesita una Contraloría Departamental más activa, que se compadezca con la realidad del departamento. Ojalá cumplan lo que dice su Visión en su página web: “Lograr que en el año 2019 la Contraloría General del Departamento sea reconocida a nivel nacional como una entidad visible y transparente, por ejercer el control fiscal con eficacia, eficiencia, oportunidad y calidad en la vigilancia de la gestión fiscal pública, generando identidad y confianza en la comunidad cesarense”. Eso esperamos.