Con el desconcierto mediático que provocó la denuncia de fraude, la elección de personero de Valledupar para el periodo 2020-2023 se sumó a los concursos para elegir a los funcionarios de los ministerios públicos locales que ocuparon los titulares de prensa por las controversias que protagonizaron sus aspirantes.
DISPUTA JURÍDICA
Elegido por primera vez como personero en el 2012 bajo el gobierno de Freddys Socarrás. En el 2016 Alfonso Campo buscó su primera reelección en el cargo. Tutelas, actos administrativos, polémicas y cuestionamientos al Concejo de Valledupar marcaron esa reelección que tuvo a Alfonso Campo, a la abogada Lorena Cabrera y al Concejo como protagonistas.
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Alfonso Campo Martínez y Lorena Cabrera Ramírez conformaban la lista de elegibles para personero de Valledupar. El concurso estipula que quien obtenga el mayor puntaje debe ser designado en el cargo.
En ese momento, Campo Martínez obtuvo la mayor puntuación al final del concurso. Sin embargo, la abogada Cabrera presentó un requerimiento al Concejo para que excluyeran a Campo por supuestamente haber incurrido en una causal de exclusión, porque este habría presentado una documentación incompleta en cuanto al título de magíster que obtuvo en la Universidad Alberto Hurtado de Chile y que no habría sido convalidado por el Ministerio de Educación.
Entre los líos judiciales, en esa elección apareció por primera vez el fantasma de una sanción al Concejo por una falta disciplinaria cuando Campo le comunicó a la corporación que debía elegir el jefe de la entidad del Ministerio Público antes de la fecha establecida para no ser disciplinados.
En esa disputa incluso hubo acusaciones de amenazas. En enero de 2016, Lorena Cabrera denunció ante los medios que había sido amenazada cuando salía de su casa: “Una moto se me atravesó, sacó el arma pero no me apuntó si no que se la puso en la pierna y me dijo que si tenía muchos pantalones para seguir molestando en el tema de la Personería”, relató en ese momento Cabrera Ramírez.
Una novela de denuncias, tutelas, actos administrativos, que terminó en febrero de 2016 cuando el Concejo reeligió a Alfonso Campo.
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SANCIONADOS Y SIN RESOLVER
Menos de dos meses restan para que termine el actual cuatrienio y Valledupar tuvo una Contraloría Municipal frenada por los líos de la elección de su jefe. En resumido: seis contralores en menos de cuatro años y concejales destituidos e inhabilitados por doce años.
¿Cómo pasó todo? La novela de la elección de contralor inició en enero de 2016 con la designación del abogado Álvaro Castilla, a pesar de ser el tercero en la terna. Por eso, el Consejo de Estado anuló su elección.
El fallo respondió a una demanda interpuesta por Omar Contreras Socarrás quien era aspirante y ocupó el primer lugar entre los elegibles. Al tiempo llegaría al cargo Omar Contreras, quien luego saldría inhabilitado por una demanda de Álvaro Castilla.
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Con la salida de Castilla en enero de 2017, con los concejales de vacaciones, fue el alcalde de Valledupar quien nombró a Aljabis Bertel como contralor encargado. El primer cambio de los seis que sufriría la entidad. “Con los cambios no hubo una directriz fija”, comentó en su momento un administrativo al diario EL PILÓN.
El capítulo determinante se dio en febrero de 2017 cuando 16 concejales votaron por Omar Contreras como contralor municipal. Entonces empezaron los rumores que Contreras estaba inhabilitado y que los corporados podrían ser sancionados por elegirlo. Presagio que empezaría a confirmarse cuando, un año después, a través de un fallo, el Consejo de Estado declaró nula su elección al haber desempeñado el cargo de defensor regional del Cesar dentro del año anterior.
Luego apareció el remezón político del cuatrienio cuando la Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 12 años a 16 de los 19 concejales. A diferencia del personero, la Contraloría no tuvo un jefe designado.
AHORA DENUNCIAN FRAUDE
A esas elecciones polémicas se le suma la elección del personero para el periodo 2020-2023. Sin empezar a responder las preguntas, la Corporación Universitaria de la Costa, CUC, debió suspender el examen que presentaban los aspirantes del concurso de méritos porque un grupo de los presentes se puso de pie y señaló que el personero tenía las respuestas del examen en el pie.
Esta controversia apenas empieza porque al parecer los concursantes pretenden iniciar disputas legales: los abogados que acusaron el presunto fraude presentarían recursos para que el Concejo cambie el operador, mientras que el personero estaría pensando en iniciar procesos penales por injuria y calumnia. Tal parece que Valledupar está condenada a que cada concurso para elegir personero o contralor los protagonistas sean los escándalos y no las propuestas.
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POR: DEIVIS CARO / EL PILÓN
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