Aunque tengo acumulado otros temas, hoy continúo con el de la semana anterior sobre el ejercicio de la profesión médica, con el propósito de escribir lo que me quedó en el tintero, a raíz del fallo judicial contra el colega Manuel José del Castillo Amarís, que ha motivado múltiples opiniones entre los columnistas de EL PILÓN.
Antes de comenzar lo antedicho quiero recordar los tres requisitos imprescindibles para ser un buen profesional, los cuales en orden de importancia son: primero conocimiento actualizado, segundo ética y moralidad, tercero estética. Esto es válido en todas las profesiones y oficios, pero a los médicos se les exige mucho más porque les corresponde el cuidado de la salud y de la vida humana.
En vista de que recientemente en el departamento del Cesar se creó el Tribunal de Ética Médica, con el objetivo de aplicar el régimen disciplinario en lo concerniente a la deontología médica en esta región del país, cuyos médicos eran juzgados por el tribunal del departamento de Magdalena. A los cinco magistrados que conforman el nuevo Tribunal de Ética Médica, mis sinceras felicitaciones porque tienen reconocida idoneidad profesional y solvencia moral. No cabe duda en que serán garantía de transparencia en la resolución de las reclamaciones por presuntos malos comportamientos en el ejercicio de la profesión médica en nuestro departamento.
Espero que este recién creado Tribunal cuente con la dispuesta voluntad de la secretaria departamental de Salud, Carmen Sofía Daza Orozco, y el inalterable compromiso del gobernador Francisco Ovalle Angarita con el mejoramiento de la administración de su departamento. Pues no sólo se trata de crear un Tribunal de Ética Médica conformado por galenos ilustrados y probos, sino dotarlo con suficiente presupuesto para que pueda lograr su objetivo; es decir, debe tener oficina donde sesionar, con un equipo administrativo que maneje racionalmente los recursos asignados para su funcionamiento cumpliendo con la normatividad vigente.
A los magistrados de este nuevo Tribunal les advierto que para salir bien librados de sus arbitrajes disciplinarios, urge que tomen la vocería ante el Tribunal Nacional de Ética Médica, la Federación Colombiana de Medicina, el Colegio Médico Nacional y la Academia Nacional de Medicina, para que unidos logren radicar en el Congreso un proyecto de ley de reforma a la Ley 23 de 1981 (ajustada a las leyes que rigen el sistema de salud nacional que, per se, exigen la reforma), ya que esta ley también conocida como Ley de Ética Médica, mediante la cual se regula la lex artix médica en nuestro país, quedó descontextualizada con la Ley 100 de 1993, pues según esta ley los enfermos no son pacientes sino clientes. En consecuencia, la relación médico-paciente quedó desvirtuada, teniendo en cuenta que esta última ley enajenó la reserva profesional, poniéndola en boca de los administradores de las IPS y EPS que, en realidad, son los verdaderos responsables de la atención de la salud de sus clientes afiliados a la seguridad social.
A los magistrados del Tribunal de Ética Médica del Cesar les aconsejo tengan paciencia y empeño en conseguir lo material para funcionar adecuadamente.
Que Dios les de la sabiduría para resolver justamente los reclamos que les llegarán por montones, más por falencias de las IPS y EPS que de los médicos. Amén.