Por José Romero Churio.
Ante la importancia del acuerdo de paz que el presidente Santos está negociando con las Farc en la Habana, Cuba; la severa sanción con la cual se destituye al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro y además lo inhabilita para ejercer cargos públicos durante 15 años, impuesta por el procurador general, Alejandro Ordóñez, porque según la Sala Disciplinaria de la Procuraduría, cometió tres faltas disciplinarias gravísimas en el cambio de operador privado a oficial para la recolección de la basura de Bogotá y también el rotundo rechazo del enjuiciado apoyado por un significativo respaldo popular, no cabe duda, tienen al presidente del país en tremenda encrucijada.
No se debe ignorar que todas las acciones de la humanidad, incluso aquella sin plena facultad mental (la cual, entre otros, lacomponen la niñez y población adulta con discapacidad cerebral) conllevan cierto interés, a veces tan soterrado que engaña a gente muy suspicaz; por ejemplo, así surge la rivalidad entre JM Santos y Álvaro Uribe Vélez, ya que éste último califica al primero como traidor en sus declaraciones públicas y discursos de campaña proselitista, si no lo cambia por ideas que palien los inaceptables falsos positivos y sus demás actos repudiados por la gente decente, en vez de sumarle le disminuye votos porque, en realidad, ya el pueblo raso está cansado de poner la mayoría de los muertos en el conflicto armado interno.
Retomando el revuelo sobre la ratificación del procurador Ordóñez y el rechazo inflexible del alcalde Petro, las noticias de los medios y los comentarios coloquiales de corrillos giran en torno a alternativas jurídicas que podrían prolongar la permanencia de Petro en la alcaldía de Bogotá o mantenerlo hasta el final del periodo; puesto que el desenlace en los estrados judiciales depende dediversas circunstancias, tales como lo justo y legal, solidaridad del juez con el procesado, tráfico de influencias, soborno, entre otros. Con relación a la instancia presidencial como lo ordena la Constitución Política en su artículo 323 hay mucho vacío pero, en fin, la decisión del Presidente podría ser de índole político.
En todo caso, para el presidente Santos, el caso del alcalde Petro es una papa caliente, pues su aval a la sentencia del procurador Ordóñez podría romper la negociación de la paz con las Farc y su reelección quedaría en entredicho.
Como el interés superior del país es el logro de la paz, lo mejor sería que este fallo inédito siga enredado hasta la elección de la revocatoria a Petro o cuando al Presidente le toca nombrar su remplazo de terna enviada por su movimiento político; es decir, por el mismo Petro.