Como respuesta a la decisión del alcalde de Valledupar, Mello Castro, de suspender el día sin moto, sectores del gremio de transportadores formal preparan un plan de choque que incluiría la presentación de una demanda en contra del Municipio por “promover e incentivar el transporte ilegal”.
Joaquín Guillén, líder del gremio de taxistas, indicó que la falta de control de la ilegalidad “quebró a los transportadores formales”.
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“Nosotros hemos hablado y la idea es presentar una demanda ante el Municipio. Ya otros transportadores formales de otras ciudades han ganado ese pleito. El Municipio está patrocinando la ilegalidad y no está poniendo control, eso ha llevado a la quiebra a las empresas legalizadas”, agregó Guillén.
De acuerdo con el alcalde la decisión fue tomada porque en un estudio realizado por la Cámara de Comercio de Valledupar y Fenalco se constató que la implementación de dicha prohibición afecta en un 87 % la economía en la ciudad, y el 65 % de la población se desplaza en estos vehículos para hacer sus tareas diarias y llevar a sus hijos al colegio.
“LA MEDIDA TRAÍA BENEFICIOS”
En contravía, desde el gremio de taxistas aseguran que la medida aportaba al bienestar de la ciudad.
“Esta medida aportaba algunos beneficios como el de mejorar considerablemente la movilidad y el tráfico de Valledupar, reducir accidentes de tránsito, reducir los indicadores de hurto y dinamizar considerablemente el transporte público tanto colectivo como individual tipo taxi. Son beneficios directos que generaba el decreto siempre y cuando era regulado y controlado de manera estricta y permanente por las autoridades competentes”, afirmó Jesús Antonio Daza, gerente de la empresa Franja Fucsia.
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Del otro lado están los mototaxistas y comerciantes quienes acusan que desde el inicio de la medida durante la administración de Fredys Socarrás, “las ventas se reducen significativamente los miércoles”.
Según la información oficial, el impacto del ‘Día sin moto’ ha afectado al 87 % de los comerciantes por la disminución de las ventas los miércoles ante la poca afluencia de personas que tienen en las motos su principal transporte.
OTRAS DEMANDAS
En Colombia ya hay antecedentes de empresas de transporte demandando a los municipios por considerar que no luchan en contra del transporte ilegal. En 2017, la empresa pública de transporte del municipio de Calarcá, Quindío, demandó al municipio por no hacer cumplir las leyes.
“En vista de tanta indolencia de la administración municipal, la empresa decidió interponer una demanda de reparación integral donde se recogió todo el material probatorio demostrando el perjuicio económico que se genera cuando no se cumplen las leyes” dijo Luis Duque Ochoa, gerente de la empresa de transporte al medio La Crónica del Quindío.
Además, la empresa de transporte acudió al argumento que con sus políticas la Alcaldía estaba incurriendo en un detrimento patrimonial. El proceso superó los $26.000 millones.
POR: DEIVIS CARO / EL PILÓN
defancaro139@gmail.com