Horas después de que Celia Cruz Maldonado desarrollara las actividades cotidianas que tiene una ama de casa en la mañana de un domingo, recibió de manera grata una visita de Barranquilla en su vivienda con la que se disponía a compartir la cena junto con la familia. Pero, cuando el reloj marcaba las nueve de esa noche del 20 de enero del año 2002, el pánico agriamente interrumpió la armonía que se respiraba en la humilde residencia ubicada en el barrio San Rafael, del corregimiento de Aguas Blancas, jurisdicción de Valledupar.
Disparos provenientes de fusiles no convencionales, acompañados de cilindros bombas, hicieron eco en la estrecha entrada del poblado, por donde pasa el río Cesarito, al llegar uniformados del frente 59 de las FARC para atacar a la población civil y la Subestación de Servicio de la Policía del Cesar.
Destechada y sin arreglar continúa la vivienda que recibió el petardo de la guerrilla.
“Había fiestas en el pueblo, prácticamente todos estaban afuera. Era un domingo y la guerrilla llegó y empezó a atacar por todos los lados, lanzaron cilindros con explosivos, granadas de fusil, de mortero, armamento de largo y corto alcance y estaban regados por todo el pueblo”, relató a la justicia el testigo, Giovanni Hernán Gutiérrez Dulce.
El ataque los tomó por sorpresa, a Cruz Maldonado de 52 años, le tocó salir a esconder a sus pequeños cinco hijos debajo de la cama para que no fueran alcanzados por las balas. Mientras que ella sin notar dónde quedó la visita, no hallaba refugio que le brindara seguridad. “Me metí a un ladito de la cama, pero la cabeza me quedaba por fuera y el marido estaba detrás de unos tanques. Aun así, se escuchaba todo lo que ellos decían. Llamaban al inspector de la policía, a que saliera que ellos estaban aquí y mis hijos llorando…”, narró.
La mujer, ante la incertidumbre, solo cuestionaba al marido en aras de conocer si detrás del episodio violento estaban los guerrilleros. Pues su actuar ya era reconocido en la comunidad desde la primera toma armada registrada el 25 de mayo de 1995.
Aunque sintió temor ese rostro del horror no era desconocido. Desde tiempos atrás Cruz vivió el dolor de perder seres queridos, tras ser asesinados en el año 2000 por desconocidos su sobrino José Gregorio Rivera Maldonado y posteriormente su hermano Leovigildo Maldonado.
Celia Cruz Maldonado.
Este último “se dedicaba a las labores del campo, al cultivo, ya que vivía por la sierra y ese día venía bajando de allá para el sepelio del sobrino, pero lo sacaron del vehículo y lo mataron, tres días después de la muerte del primero. Nunca supimos por qué pasó. Para la época casi toda la familia se marchó del pueblo, pero regresamos al rato porque mis padres se vinieron y una hermana había quedado acá, sin embargo, al rato sucedió la incursión guerrillera”, relató Celia Cruz.
Precisamente, para la fecha la comunidad que participaba de fiestas de precarnaval que ofrecerían en la caseta ‘Los Campanales’ y demás lugares, bajaba despavorida las calles principales de Aguas Blancas. Ni las oraciones que casi a diario asisten a las dos únicas iglesias católicas ubicadas en los barrios San Rafael y La Concepción, pudieron evitar la barbarie. Ese día pese a que el cuerpo policial usó sus armas de dotación Galil, modelo SAR, calibre 7-62 milímetro y granadas de fragmentación IM-26 IAP-65 para contrarrestar el ataque, según precisó una sentencia del Concejo de Estado, murieron dos personas y 14 más quedaron heridas.
En medio de los enfrentamientos el primero en morir fue el comandante de la estación de esa unidad de la Policía, el subteniente José Eleskey Martínez Triana, quien llevaba dos años y 20 días en la institución y fue alcanzado por una detonación producida por una granada de fragmentación cuando se encontraba repeliendo el ataque desde la parte interior de la estación.
La misma suerte corrió María Teresa Díaz Argote, una humilde mujer que se ganaba la vida con la modistería, lavado y planchado de ropa, quien falleció al caer encima de su casa ubicada al lado de la Estación de Policía, el cilindro bomba que también dejó a seis nietos y una de las hijas lesionados. Asimismo, otra residencia en la parte posterior del mismo lugar quedó afectada sin llevarse vidas.
Los músicos que conformaban el grupo de mariachis ‘Aztecas’, que se movilizaban en el automóvil Chevrolet con placa REI 756, por la vía principal que divide en dos segmentos los únicos cuatro barrios formales del pueblo, también fueron atacados por subversivos que aparentaron un falso retén en esa calzada que conduce al pueblo con Bosconia, resultando heridos Javier Magro, José Acosta Ospino, Julio Cesar Madariaga, entre otros.
La noche transcurrió lenta. El pueblo estaba sin seguridad. “Los fusiles se silenciaron casi a la media noche, porque cuando llegó el Ejército ellos comenzaron a marcharse, pero el daño ya estaba hecho. La violencia se había instalado en el pueblo. Hizo que muchos nos desplazáramos de nuestras tierras para luego regresar; por lo menos eso hice yo”, dijo Cleotilde Jiménez de 56 años, quien explicó que en ese tiempo se desplazó a la capital del Cesar.
“Me fui con una hija, pero con lo que trabajaba todo se quedaba en alquiler, así que nos tocó volver, vendí unas cosas y me compré un rancho de bahareque”.
CASI 16 AÑOS DESPUÉS
Sentada debajo de un palo de mango que cubre la casa que tiene la población como una especie de escuela comunitaria, Magali Jiménez Aroca de 62 años, con sus canas, da fe irrefutable “de que todo ha cambiado, nada es
igual”, pues en añoranza todavía está el regreso del auge del algodón y la agricultura en la región. Asimismo, los más veteranos que se sientan en las características casas de colores con muchas puertas en la entrada principal del pueblo, ya pueden reseñar sus anécdotas con tranquilidad o por lo menos observar la prisa con la que pasan los autobuses.
La población cuenta con un puente en su vía principal.
Sin embargo, sienten que está pendiente un saldo que reclamar: la reparación integral como víctimas del conflicto armado.
Con una comunidad de unos 4.750 pobladores, Aguas Blancas representa casi un 10 % de los 483.286 habitantes que tiene Valledupar. De ellos en la capital del Cesar 132.050 son víctimas del conflicto armado, siendo Aguas Blancas uno de los lugares aportantes en la cifra, cuyos números específicos no tiene la Unidad de Víctimas del departamento todavía.
Entre tanto la comunidad, aunque reconoce que ha tenido visitas de profesionales psicólogos y otras actividades, siente que las intervenciones son insuficientes en la población para alcanzar el mencionado resarcimiento integral manifestado en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 1448 del año 2011.
“En la satisfacción personal algunas familias han sido beneficiadas. Pero la reparación colectiva nosotros todavía la estamos esperando, porque el pueblo debe tener una reparación agrupada que sea significativa por lo que sucedió. Este es uno de los corregimientos de Valledupar que más víctimas del conflicto tiene, casi todo el pueblo vivió la violencia. La reparación no es significativa en cuanto a calidad de vida, porque son muy lentos los proyectos y son una lucha, la educación y el centro de salud, son partes débiles”, expresó la profesora, Eneyda Espinosa Meléndez.
Similar impresión tiene Celia Cruz Maldonado, al manifestar que hace más de 16 años que se vio afectada con su núcleo familiar por las dos tomas guerrilleras a la localidad y no ha sentido una compensación idónea como tal.
“Hace tres años se hizo un mural con las personas que venían a dictarnos unas charlas para sobrellevar el proceso. Pero falta mucho en el grupo familiar que es amplio, sobre todo los que nos vimos afectados como tal, porque faltan oportunidades”, señaló Cruz.
Los habitantes aún guardan la costumbre de sentarse en las puertas de su casa, sobre todo los pobladores que residen en la carretera principal del pueblo, cuyas viviendas se caracterizan por ser de colores y tener muchas puertas.
Reparación Colectiva: la meta
Por tal razón, la población con una iniciativa liderada por la vocera comunitaria Maribel Esther Guerra comenzó a gestionar los requisitos necesarios para ser reconocidos como sujetos de reparación colectiva del conflicto, es decir, que al igual que otros casos como la Universidad Popular del Cesar o el corregimiento de Guacoche, todo el pueblo sea reconocido como víctima, la cual contó con el apoyo el 1 de junio del año 2016 de la Defensoría del Pueblo para ser enviada a Bogotá, donde a la fecha la estarían valorando.
“Esa parte ya no es responsabilidad nuestra de si se da o no, porque cuando ellos dan las declaraciones y la Defensoría la envía a Bogotá a registro, a nosotros si es aceptado nos debe llegar una resolución del reconocimiento para empezar a actuar como una población en proceso de reparación colectiva. Mientras eso no suceda nosotros no podemos hacer la intervención porque no hay la competencia”, explicó Juana Ramírez Gutiérrez, la directora territorial de la Unidad de Víctimas del Cesar y La Guajira.
La funcionaria informó además que actualmente, trabajan en un proceso llamado Retorno que hizo acción social en el 2007 y que hasta ahora están priorizando. En ese momento se hicieron muchas inversiones en la localidad en temas culturales, educativos, sociales, vías, entre otros, pese a que no había un plan como tal porque para la época, no existía una normativa como por ejemplo la Ley 1448, que tiene un capítulo especial para desarrollar los temas.
“Entonces estamos por partes, tratando de organizarnos; no hemos llegado aún al plan de reparación colectiva como tal porque ese momento no ha llegado aún dentro del proceso. Hay muchas cosas que están hechas, otras por registrar y recoger. Nosotros tenemos muchos pueblos en los que necesariamente tenemos que avanzar en el trabajo, pero no lo podemos hacer todos a la vez porque no queremos generar falsas expectativas. Queremos trabajarlo poco a poco con las personas en la medida que los recursos financieros, humanos y entes territoriales lo permitan”, finalizó Juana Ramírez.
Mientras que esa reparación integral colectiva llega los pobladores continúan con sus vidas como docentes, amas de casas, trabajadores del campo, comerciantes; para vivir la nueva vida que, aunque no es perfecta, tienen claro que es mucho mejor que convivir en tiempos de guerra.
Por Marllelys Salinas M. / EL PILÓN