Ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con funciones de Conocimiento se adelantó en la mañana de ayer la audiencia de verificación de allanamiento e individualización de pena y sentencia, contra una parte de los implicados en fraguar un millonario desfalco en el sistema pensional en el departamento del Cesar, conocido como el ‘Cartel de los Locos’.
En la vista pública, la Fiscalía Quinta seccional informó de los materiales probatorios que sirvieron de claves al ente acusador para detener e imputarle cargos a nueve de los procesados, que el pasado 24 de mayo en audiencias preliminares aceptaron su responsabilidad en la participación de la acaudalada defraudación al sistema pensional de la región.
Entre las diferentes operaciones de investigación que realizó el ente acusador, el fiscal Héctor Ruíz, de manera detallada, explicó que contra los incriminados tienen varios formatos de orden de allanamientos y registro en retención de correspondencia, así como también interceptaciones telefónicas, informes de investigador de campo de agentes encubiertos, actas de registro de allanamientos, entre otras, labores de inteligencia realizada por la Fiscalía General de la Nación.
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“Se acudió a un juez de control de garantías para solicitar la historia clínica de las personas que laboraban en empresas mineras y obtuvieron al pensión por invalidez. De igual forma se solicitó al juez de control de garantías accediendo a la bases de datos de los fondos de pensiones, y se llegó la información financiera y bancaria donde se individualizaron a los presuntos autores y se recaudó copiosa evidencia testimonial”, dijo el fiscal en la verificación de allanamientos.
Entre tanto, la juez del caso les dio a conocer a los presentes los posibles años de condena que pagarían por los delitos aceptados en la diligencia desarrollada en la anterior fecha mencionada.
Los acusados Sandra Patricia Gonzáles Atencio, Patricio Antonio García De Caro y Rolando José Vargas Russo, imputados del delito de concierto para delinquir, podrían recibir sentencia desde 4 hasta 9 años, dependiendo de los beneficios por la aceptación de cargos.
El detenido Kalim Alberto Acosta Cabarcas, señalado de concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer, por tener más hechos punibles podría ser sentenciado por más de 12 años, además de una multa de varios salarios mínimos. Entre tanto, Osvaldo Díaz Rodríguez, acusado de concierto para delinquir y fraude procesal, también podría pagar hasta 12 años y una multa.
Por último, la togada le dio a conocer a Jorge Luis Rojano Escobar, imputado de los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, cohecho por dar u ofrecer y estafa agravada, que alcanzaría ser condenado por más de 15 años.
Como a la diligencia no comparecieron los incriminados María Carolina Ovalle García y Mario Alberto Alarcón Pabón, la juez suspendió la audiencia para realizarles a estos el mismo procedimiento el próximo 16 de noviembre y culminar el resto de la etapa que desde ya la jurista advirtió es de carácter condenatorio.
Antecedentes
A los investigados las autoridades los acusan de orquestar un desfalco a las arcas públicas mediante el otorgamiento de licencias médicas o manipulación de documentos a cambio de dinero que eran utilizados para pensionarse de diferentes compañías por motivo de enfermedad psiquiátrica, entre otras, que realmente no padecían.
Según la investigación, a estas personas se les ofrecía la posibilidad de demostrar enfermedad permanente y así acceder a este beneficio, luego de allegar documentación falsa que, aparentemente, demostraría el hecho de no estar en su sano juicio o tener otras enfermedades. Por tal razón, habrían logrado pensionarse muchas personas que desde 2011 estarían pasando los exámenes médicos que los declaraban con problemas psiquiátricos o con enfermedades varias.