Los colombianos están acostumbrados, infortunadamente, a las noticias sobre hechos violentos. Diariamente, a través de la radio, la televisión y los periódicos, se les informa sobre los distintos tipos de violencia que afectan al país y que se sobreponen y mezclan unas con otras, a tal punto que la sociedad poco o nada se conmueve con hechos que deberían generar el repudio general, pero que por su misma frecuencia se van convirtiendo en cotidianos.
Sucedió con la bomba en Bogotá, en la Carrera 7ª con Calle 67, cerca a las instalaciones de la cadena radial Caracol, hace pocos días; luego con escaramuzas en distintas y apartadas zonas del país, en las cuales la guerrilla ha tenido una gran influencia histórica y cuenta todavía con apoyo de la población, en parte por la falta de presencia integral del Estado.
La muerte de 14 policías, en Doncello, Caquetá, zona en donde la guerrilla de las FARC han tenido una gran influencia y relativo control, debe producir un rechazo radical de toda la sociedad colombiana. Se trata de la muerte de sencillos servidores públicos, gente del pueblo, que presta un servicio a la patria y a la comunidad, sacrificando su vida y tranquilidad personal, con el fin de garantizar la seguridad de la población civil, de la inmensa mayoría de los colombianos.
Sentimos como propio el dolor que embarga a los familiares, amigos y compañeros de estos 14 policías, que dejan a sus padres, esposas, hijos y hermanos, sumidos en la tristeza, por de un conflicto que no se ha terminado, a pesar de todos los esfuerzos del Estado y en particular del gobierno del Presidente Uribe y que sabemos que continuarán durante el gobierno del Presidente Santos.
Este hecho, insistimos, debe producir el repudio general y de todo el país. Se trata, sin lugar a dudas, de un acto de terrorismo, está lejos de ser un acto de guerra y que demuestra que la guerrilla quiere dar señales de vida, de la manera más errada como puede hacerlo.
Sin duda, corresponderá a las dependencias respectivas de la Policía Nacional investigar a fondo las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos; si pudo existir exceso de confianza por parte de este grupo de la fuerza pública?, si la rutina pudo relajar los protocolos operativos y de seguridad que se deben aplicar, en estos casos.
Pero, independientemente de lo anterior, se trata de actos terroristas con fines políticos, pero hablamos de una política mal entendida por parte de los arcaicos movimientos subversivos que tiene Colombia.
Con hechos como este, la misma guerrilla que hace algunas semanas hablaba de unos posibles diálogos, para darle una oportunidad a unas conversaciones con el nuevo gobierno, lo único que hace es darle la razón a quienes piensan que la salida debe ser a sangre y fuego, invirtiéndole más recursos a la guerra, recursos que tendrían un mayor beneficio si los pudiéramos destinar a la paz.
La subversión incurre en un gran error en persistir en esa estrategia. Las Farc no se debe llamar a engaños, Juan Manuel Santos conoce el problema del conflicto colombiano y demostró – como Ministro de la Defensa- que no le tiembla la mano a la hora de hacerle frente a la subversión. Su mensaje, luego de algunas dudas al principio de su gobierno, ahora es más claro y contundente: arreciar, arreciar y arreciar.
Con seguridad que hechos como el de Doncello, en el Caquetá, originan una mayor precaución por parte de la Policía Nacional y también por parte del Ejército Nacional. Pero también deben servir de alerta para la población civil, que debe mantenerse vigilante y en actitud de colaboración con la fuerza pública, no motivado por las jugosas recompensas que ofrecen, en este caso 500 millones de pesos, sino por el sentido patriótico del deber y por la necesidad de colaborar todos en la preservación, mantenimiento y mejoramiento del clima de seguridad, en el frente contra la subversión, que dejó el gobierno del Presidente Álvaro Uribe. Sin que cunda el pánico, ni el Estado ni la sociedad deben ser despectivos frente a estas señales de alarma que da el terrorismo en Colombia.