Las familias en el departamento del Cesar que padecieron los horrores de la guerra por los llamados falsos positivos, sobre todo las de los pueblos indígenas kankuamo y wiwa, tendrán la oportunidad de estar cara a cara con los autores que estuvieron detrás: los militares.
Esta vez sin la desventaja de las armas o desde la posición de poder que ostentaban los agentes del Estado, sino desde la igual que da la palabra, podrán escuchar y ser escuchados. La cita será el próximo 18 y 19 de julio en Valledupar donde comparecerán 12 exmilitares del batallón de Artillería Nº2 La Popa que reconocieron los hechos por los que murieron 127 personas.
Con motivo de esta audiencia, EL PILÓN dialogó con el magistrado Óscar Javier Parra Vera que hace parte de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, para conocer las expectativas sobre la diligencia.
El togado es máster en Criminología y Justicia Penal de la Universidad de Oxford y magíster en Teoría del Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Se desempeñó como abogado coordinador de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue visitante profesional y de investigación en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
¿Por qué es importante que los cesarenses escuchen la audiencia de reconocimiento que se hará de los 12 militares?
Este es un caso donde se visibiliza el impacto de la victimización en pueblos étnicos como kankuamo y wiwa de esta práctica de los llamados falsos positivos. Asimismo, este subcaso Caribe, en particular, lo que ocurrió en el batallón La Popa ilustra algo que determinó las Farc en el auto de imputación hecho la semana pasada sobre el rol que tuvieron las alianzas entre militares y paramilitares para la comisión de falsos positivos. Entonces, por esos grandes componentes esta audiencia es muy importante para el Cesar, pero también para todo el país porque se empieza a dimensionar esa proyección regional que tuvo el fenómeno de los falsos positivos. Eso nos ayuda a pensar en aquellos pasos para que esto jamás se vuelva a presentar.
Uno de los principales señalados responsables es el coronel Hernán Mejía que no estará en la audiencia por no reconocer los hechos. ¿Existe alguna posibilidad distinta a esta para que el coronel dé la cara a las víctimas?
La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz imputó al coronel Mejía como autor de un aparato organizado de poder y una organización criminal que se insertó dentro del batallón La Popa, le imputó su responsabilidad en 38 hechos que involucran a 75 víctimas. Nosotros precisamos que el coronel Mejía hizo un uso de la sección de operaciones del batallón para efecto de este tipo de actividades y los pelotones especiales ‘Truenos’ y ‘Zarpazo’. En el marco del proceso adversarial surgirían algunos espacios donde las víctimas también estarían en algún tipo de diálogo con el coronel Mejía en el marco del proceso, pero que es un proceso distinto a este dialógico que se hace ante la Sala de Reconocimiento.
Junto con el coronel Mejía hubo dos oficiales más que tampoco reconocieron los hechos. ¿Estos pueden ser expulsados de la JEP o a qué se exponen ellos?
Se exponen a una pena de 20 años de prisión, eso es importante resaltarlo, si son vencidos en juicio; es decir, en el marco de este proceso adversarial van a entrar a disputar las constataciones que hizo la Sala de Reconocimiento de la JEP a la que le pertenece. En caso de que el tribunal para la paz considere que su responsabilidad sigue vigente y que es suficiente esa evidencia se exponen a una pena de 20 años de prisión.
Recuerdo que el congresista Pedro Muvdi fue expulsado de la JEP. ¿Los coroneles también se exponen a ese destino o cuál es la diferencia?
Aquí hay que hacer una precisión técnica frente a los terceros: cuando son sometidos excongresistas o exgobernadores a la Jurisdicción Especial para la Paz; ellos se someten como agentes del Estado no integrante de la Fuerza Pública y ellos tiene un régimen distinto donde se tiene que valorar si se admite su sometimiento a la JEP. En el caso de los militares su sometimiento si es forzoso, mientras que en el otro caso es voluntario y depende de una contribución robusta a la verdad, entonces, en el caso de ello (Pedro Muvdi) no es que se le haya expulsado, sino que no se le ha permitido entrar.
En la imputación que hizo la JEP a los militares se habla de 127 víctimas. ¿Si después de la audiencia aparecen más víctimas en la región serán atendidas?
Sí. Este es un primer paso en los procesos restaurativos; es decir, nosotros hemos venido desarrollando un proceso con las víctimas y los comparecientes por separado, y ya cuando hemos dado ciertos pasos donde las víctimas presentaron su visión de los hechos, sus observaciones a las versiones y a la imputación que hizo la JEP, comienza un momento donde se encuentran con los comparecientes cara a cara. Ya los comparecientes han reconocido lo que se señaló en la imputación y los daños que se generaron a las víctimas, entonces, empieza una secuencia de diálogos que inician con la audiencia de reconocimiento, pero que van a seguir posteriormente en el diseño del proyecto de sanción restaurativa.
Rodrigo Tovar fue un líder paramilitar en la región, por tanto, podría ser responsable de las ejecuciones extrajudiciales. ¿Existe la posibilidad de que entre a la JEP?
Rodrigo Tovar actualmente tiene un proceso en la JEP que está en apelación, él en principio fue rechazado, pero eso tiene que ser valorado por la sección de apelación y ahí está siendo analizado ese caso. Por eso, no quisiera adelantar un criterio particular porque está en manos de otra dependencia de la jurisdicción que ratificaría lo concluido en la JEP o si existe alguna admisión excepcional de algunos paramilitares, eso es parte de lo que está en discusión.
Teniendo en cuenta que usted ha tenido la posibilidad de analizar muchos informes ¿por qué considera que en el Cesar surgieron tantos actores relevantes de la guerra cómo Rodrigo Tovar y Simón Trinidad?
Lo que uno observa de esos informes que han ido llegando con relación de las dinámicas del conflicto armado, en este se produce por lo menos tres grandes patrones: uno primero denominado en unos informes como guerra sucia; es decir, la utilización de métodos de crímenes internacionales como la desapariciones forzadas, torturas y masacres en el marco de la estrategia contra la guerrilla; el otro patrón asociado a los intereses económicos por despojo y desplazamiento, entonces, todas estas condiciones que tuvo la dinámica del conflicto armado con la consolidación de algunos intereses económicos de algunos actores en esa zona, etcétera; llega un tercer patrón asociado a la confrontación del Estado y donde los grupos armados disputaron el control de las instituciones estatales para fortalecer su dinámica de la guerra o los intereses de actores políticos económicos. Entonces, esos tres componentes atraviesan a nivel nacional cerca de 400 de los informes que recibimos por todo el país y la costa Caribe no es la excepción.
¿El reconocimiento y la verdad si son suficientes para alcanzar la paz?
Es un componente importante, nosotros hemos insistido desde el día uno del funcionamiento de la jurisdicción que no es solamente una institución la que va poder sacar adelante la implementación de los acuerdos de paz, no son solamente las instituciones, son estas, la sociedad civil, las víctimas, los comparecientes y los victimarios. Se requiere de un trabajo mancomunado de muchas personas, lo que hace la Jurisdicción Especial para la Paz es contribuir con una parte importante de la construcción de paz.
Por Marllelys Salinas / EL PILÓN
marllelys.salinas@elpilon.com.co